A la hora de escribir este texto, aún no se ha votado en el Senado el llamado “Plan B”, que incluye múltiples reformas en materia electoral a cinco leyes y crea una nueva, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, abrogando la vigente.
Lo que habrá de votarse es algo diferente a lo que envío el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados; también diferente a lo que votaron los diputados, que le hicieron adiciones a la iniciativa presidencial y también diferente a lo que dictaminaron las comisiones en el Senado.
Pero, salvo que haya una sorpresa de última hora, pese a todo ello, incluirá cambios legales, que, de acuerdo con especialistas, con el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y desde luego con la oposición, contiene inconstitucionalidades.
Los 11 consejeros del INE, incluyendo aquellos que se integraron al Instituto en esta administración, señalaron ayer que el llamado “Plan B” pone en peligro la operación de los procesos electorales, por lo que el INE acudirá a todas las instancias jurídicas ofrecidas por la ley.
Una eventual aprobación de cambios legales que contravengan la Constitución puede ser combatida con acciones de inconstitucionalidad emprendidas por legisladores, gobiernos estatales u otras instituciones como el propio INE.
Pero, también lo podrían hacer los particulares, promoviendo amparos y buscando que se declaren suspensiones a las leyes aprobadas por el Congreso.
Hay quien piensa que la estrategia será hacer todas estas reformas apostando a que la Corte no las discuta hasta que se conviertan en hechos consumados y las resoluciones que tome ya sean irrelevantes.
Lo dudo. Me parece que son de tal relevancia que la Corte o el Poder Judicial en su conjunto, no puede ignorarlas.
Otra de las especies que da vueltas es que López Obrador tiene controlada la Corte.
No es el caso.
Varias decisiones relevantes no han salido como el presidente ha querido. Y, en este caso en particular, me parece que las violaciones constitucionales, de tal relevancia y con tantas implicaciones, serían vistas con lupa por los ministros.
Una posibilidad es que, si ocupara la presidencia una persona muy cercana al presidente, como por ejemplo la ministra Yasmín Esquivel, pudiera operar para no poner a discusión estas materias.
Es una posibilidad. Y los ministros, al ejercer su voto, seguramente tendrán en cuenta este hecho.
Si ya de por sí la integración de la Corte es muy relevante para muchos ámbitos de la vida pública del país, hoy lo es mucho más porque muy probablemente tendrá en sus manos el futuro del sistema electoral mexicano.
Considere también que la visión de la Corte en una etapa en la que su nuevo presidente o presidenta estará dos años con la actual administración y dos años con la siguiente, puede dar márgenes de maniobra más amplios para que los ministros decidan con entera libertad.
No sé qué pase hoy o mañana o en el futuro con el “Plan B” en el Poder Legislativo, pero pase lo que pase, esta historia aún no habrá terminado.
Moderación en tasas, pero sin bajas
La Reserva Federal no dio sorpresas ayer y decidió elevar en medio punto sus tasas de referencia para dejarlas en un rango de 4.25 a 4.5 por ciento.
Pero, una cosa es que ya las tasas no suban en tres cuartos de punto a que ya no suban… a que bajen.
De hecho, en la gráfica en la que los integrantes del comité que decide los incrementos anticipan los próximos movimientos, se observa que para 2023 aun los más moderados anticipan otro aumento de medio punto, y la mayoría considera un incremento de tres cuartos de punto o más.
Las bajas tendrían que esperar hasta 2024.
Tome en cuenta que con una inflación de 7.1 por ciento en EU, pese al alza de ayer, las tasas reales siguen siendo negativas, en un orden de -2.4 por ciento.
En México, con la inflación de 7.8 por ciento que tenemos, si las tasas suben hoy medio punto, como se espera, llegarían a 10.5 por ciento y las tasas reales estarían en 2.5 por ciento.
Este contraste será un tema que cada vez se discuta más.