Ya sabíamos que la oposición en México está lejos de tener la estatura política, intelectual y moral que se requiere en estos momentos.
Pero lo que no teníamos claro es que tuviera una vocación suicida.
Si al final de todo el proceso legislativo que aún está pendiente, le da a Morena los votos para hacer los cambios constitucionales que limitarán las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no veo manera de que cualquier abanderado o abanderada en 2024, le pueda pedir a la ciudadanía su voto para que Morena no siga en el poder.
Las movilizaciones ciudadanas del 13 de noviembre de 2022 y del 26 de febrero pasado se han convertido en los hechos políticos más relevantes en México desde las elecciones de 2021.
Mostraron que hay una ciudadanía activa que es capaz de tomar acciones para incidir en el rumbo del país.
No me cabe la menor duda de que fue gracias a las marchas y mítines que el plan A de la reforma electoral, que implicaba modificaciones constitucionales, fue rechazado en la Cámara de Diputados, y que el plan B fue suspendido por el ministro Javier Laynez y tiene pocas perspectivas de prosperar.
Los partidos opositores a Morena se hicieron presentes de manera discreta en esas movilizaciones, pues fueron arrollados por los ciudadanos que no tienen partido. Pero, al menos nominalmente las respaldaron.
Sin entrar a la discusión de los temas concretos que constituyen las reformas constitucionales para acotar las facultades del TEPJF, el solo hecho de que sea una reforma electoral en la que los partidos de la coalición Va por México acompañan a Morena, los desacredita.
¿Se imagina usted cómo le iría a Alito Moreno, a Marko Cortés o a Jesús Zambrano, sumándose a la siguiente marcha ciudadana?
Los correrían a jitomatazos, en el mejor de los casos.
La desgracia es que en el sistema político mexicano el pretender que un candidato independiente contienda con Morena es mandarlo a la guerra sin fusil.
Con todo y todo, una alianza de partidos opositores con respaldo ciudadano sigue siendo la única vía para hacer frente a las “corcholatas”, cualquiera que gane la candidatura morenista.
La encuesta publicada por El Financiero el martes pasado indica que actualmente el bloque de Morena ya tiene una ventaja de 16 puntos sobre una hipotética coalición opositora.
Aceptando sin conceder que las atribuciones del TEPJF requirieran acotarse, es un error político mayúsculo pretender hacerlo ahora.
La única explicación que parece plausible es que a las dirigencias de los partidos de la alianza opositora les interesan más sus cargos burocráticos que la posibilidad de contender de manera competitiva por la presidencia de la República.
Particularmente, en el caso de Alito Moreno, sabe que sus días como presidente están contados con un TEPJF legítimo y fuerte.
Peor aún, si las tendencias favorables a Morena se consolidan, ya no es imposible que en la Cámaras del Congreso logren nuevamente en 2024 la mayoría absoluta e incluso la mayoría calificada.
No obstante, este arroz no se ha cocido. El proceso legislativo aún no está terminado y hay barruntos de rebelión en las bancadas.
Cabe la posibilidad de que, en el Pleno de la Cámara, al final no se alcancen los votos requeridos para obtener la mayoría calificada o bien, que las reformas se frenen en el Senado.
Pero, si al final de cuentas, no hubiera resistencia y la reforma constitucional se concretara, entonces estaríamos ante el lamentable espectáculo de un suicidio político anunciado.