Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, nunca ha entendido la relevancia de la división de poderes.
Por lo mismo, considera que, si él obtuvo 30 millones de votos en 2018, no puede ser posible que la mayoría de un puñado de 11 personas, los ministros de la Corte, que nunca obtuvieron ningún voto popular, pueda contravenir sus designios.
La Consejería Jurídica, desde el domingo, dio la línea y ayer manejó ese discurso el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
La narrativa que desde el Poder Ejecutivo se quiere construir es que, si la Corte inhabilita alguna decisión del Ejecutivo, va en contra de la democracia.
La lógica, en el argumento de Morena es que quien ha tenido el respaldo del electorado tiene la legitimidad para definir las leyes.
Es una falacia.
Desde 1917, el Constituyente estableció una condición. Las leyes secundarias pueden ser modificadas por mayoría simple en las dos cámaras del Congreso.
Pero si se pretende modificar la Constitución, entonces eso no es suficiente. Se requieren las dos terceras partes de los votos del Congreso, así como la aprobación de más de la mitad de los estados de la República.
Pero, además, se estableció en las últimas décadas un elemento adicional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un Tribunal Constitucional.
Es decir, una de sus funciones esenciales es establecer si las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión son constitucionales.
Si no lo son, su tarea es impedir que leyes, reglamentos o decisiones de los poderes contravengan la Constitución.
Eso no es invadir atribuciones del Legislativo sino cumplir con una de las tareas esenciales del Poder Judicial.
Si no gusta este diseño del Estado mexicano, Morena y AMLO pueden cambiarlo, pero eso implica modificar la Constitución.
Y, como hoy no cuentan con los votos necesarios, el recurso que tienen es criticar a la Corte y tratar de debilitarla.
Es decir, si pueden, dinamitar el Poder Judicial, como lo han hecho, por ejemplo, con el INAI.
Lo que sucedió ayer no debe haber sido sorpresa para AMLO. Ya lo esperaban.
El domingo por la tarde alguien lanzó una campaña en contra de la ministra Margarita Ríos Farjat. Ella mantuvo su verticalidad y aludió a sus criterios previos.
El caso del ministro Arturo Zaldívar sorprendió a más de uno, que esperaba que fuera partidario incondicional de los criterios del gobierno. No es así.
Muchos pensaban que el expresidente de la Corte iba a someter todas sus decisiones a los criterios del Ejecutivo. Pues no.
Con ello, AMLO se queda solo con dos votos aparentemente incondicionales, los de las ministras Esquivel y Ortiz.
Obviamente, son insuficientes para impedir que se puedan rechazar leyes anticonstitucionales.
Creo que la resolución de ayer, y lo que implica, van a cambiar la estrategia de AMLO con la Corte.
Hasta ahora las críticas a la Corte reforzaron el ‘espíritu de cuerpo’ de ésta, por lo que resultaron incluso contraproducentes.
Si no funcionó esa estrategia, tenga por seguro que ahora vendrán los ataques personales.
Buscarán las presuntas debilidades de cada ministro y tratarán de hacer campañas para desacreditar.
Apueste usted a que van a aparecer acusaciones respecto a presuntos conflictos de interés o a críticas a su pasado.
Van a pretender ‘ablandar’ a algunos de ellos con la amenaza de llegar al terreno judicial, con el objeto de que cambien sus criterios, pues hay muchas resoluciones pendientes.
No sé si voluntaria o involuntariamente, pero la Corte se ha convertido en la última trinchera de la legalidad, que en realidad es de la constitucionalidad.
Sus decisiones van a ser clave para el futuro del país.
Y por ello, la ofensiva en su contra no va a ceder.
Lo de ayer fue una batalla que perdió AMLO, pero el final de la guerra está aún lejos.
De hecho, apenas va comenzando.
La Corte no quiere ninguna batalla ni guerra, pero el gobierno ya la declaró.
Ahora ya no se trata de la voluntad de la presidenta o de la mayoría de los ministros sino de la posición que la historia dio a este singular grupo de personas.
Por eso pregunto, ¿cuándo será la próxima marcha para defender a la Corte?