Estamos entrando a terrenos inéditos en el proceso electoral en México.
Ayer, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, propuso que se ordene suspender tanto la competencia entre las llamadas ‘corcholatas’ como el proceso que llevan a efecto los aspirantes a convertirse en candidatos del frente opositor.
El razonamiento de la magistrada es que se trata de estrategias que buscan defraudar a la ley para realizar precampañas disfrazadas, que tienen como finalidad elegir a la persona que contenderá como candidata a la presidencia de la República por cada fuerza política.
En los dos proyectos presentados por la magistrada se detallan los actos y eventos de las personas y aspirantes, a partir de los cuales es posible advertir la existencia de posicionamientos públicos y elementos de propaganda que los han beneficiado, sirviéndose de los supuestos procesos como plataformas de sobreexposición para recorrer diversas ciudades del país.
Sobre la base de ese razonamiento, la magistrada Otálora propone la suspensión total e inmediata de los procesos denunciados, de ambas fuerzas políticas, y de todos los actos que se vinculen a éstos, así como el retiro de toda difusión o propaganda que haga referencia a los mismos o a las personas que se registraron como aspirantes.
No sabemos cuál vaya hacer el resultado de la discusión en la Sala Superior del TEPJF, pero lo que sí se puede observar es que ya está en tela de juicio la legalidad de ambos procesos.
Imagine por un momento que cese toda la competencia entre las llamadas corcholatas, es decir, los aspirantes a convertirse en los candidatos presidenciales de Morena, y también entre todos aquellos que se han apuntado para convertirse en aspirantes del grupo opositor.
La dinámica política de México cambiaría de manera radical.
La magistrada Otálora está planteando que en ambos casos hay una violación flagrante de las leyes, a partir de que disfrazan procesos de elección de su candidato o candidata presidencial.
Si la moción prosperara, olvídese de lo que pudiera pasar en la contienda entre Marcelo y Claudia o bien del fenómeno de la ‘Xochitlmanía’.
Habría que guardar todo esto por varios meses hasta que los tiempos que fija la legislación electoral en México permitieran la realización de precampañas.
Y tenga usted la certeza de que en todo este paréntesis ocurrirían cambios relevantes en el ambiente político mexicano.
La propuesta de la magistrada Otálora puede desecharse y la mayoría de los integrantes del tribunal podrían decir que las cosas sigan como van. Es posible.
Sin embargo, como aquí le hemos comentado, el hecho de que ambos procesos estén en los linderos de la legalidad, significa una amenaza para la situación política del país.
Si alguno de los contendientes en las elecciones de 2024 ganara por un margen muy amplio, quizá sería muy difícil deslegitimar ese proceso y tratar de que los tribunales lo echaran para abajo.
Pero si, como todo apunta, pudiésemos tener una elección competida en la cual la diferencia entre los dos primeros lugares fuera reducida, entonces el riesgo de que hubiese procedimientos legales para desconocer la elección es grande.
El sentido común señalaría que si estamos ante la perspectiva de una competencia cerrada, debiéramos tener todas las garantías de que el arbitraje fuera indiscutible. Pero, hasta ahora no es así.
Lo dicho. Estamos en un momento inédito de la política mexicana.
No habíamos visto nunca un proceso como el de Morena, pero tampoco otro como el que se está configurando en el frente opositor y menos aún una actitud como la que parece surgir en el Tribunal o al menos en la opinión de la magistrada Otálora.
Le reitero, no tengo idea de cuál vaya hacer el desenlace.
Pero sea cual sea éste, creo que los elementos que ha puesto sobre la mesa Janine Otálora son una llamada de atención respecto al riesgo que corre la estabilidad política en México si no hay una perfecta legitimación de este proceso.
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