Muchos expertos suponen que el efecto del nearshoring pudiera ser equiparable o aún mayor al que trajo consigo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) en la década de los 90 del siglo pasado.
Hay que partir de la base de aquella experiencia. Sin lugar a dudas, el TLCAN cambió la dinámica productiva de México.
Sin embargo no tuvo la capacidad para generar un efecto que se trasladara a todos los sectores y a todas las regiones del país.
Se concentró en algunos segmentos del aparato productivo y en pocos lugares del país.
Por esa razón, las grandes empresas exportadoras de la frontera del norte, del Bajío, y algunas del occidente del país fueron las que lograron cosechar la mayor parte de los beneficios generados.
El TLCAN, sin embargo, tuvo la tracción necesaria para cambiar el perfil económico del país.
El hecho de que no existiera entonces una política industrial deliberada para generar un efecto mayor, fue un costo que aún estamos pagando en materia de desigualdad sectorial y regional.
Había la convicción de que era solo el mercado el que debía definir el rumbo de la economía y el Estado mantenerse pasivo.
Hoy el nearshoring nos ofrece una oportunidad equiparable a la que se presentó hace ya casi 30 años con aquel Tratado.
Pero para hacerla efectiva habría que aprender de aquella experiencia y establecer políticas industriales activas para propiciar que sectores y regiones que han sido marginadas, ahora sí puedan aprovechar el impulso que traerá consigo el proceso de relocalización de la industria.
Por ejemplo, en las cadenas de valor de sectores como la del automóvil o el de productos electrónicos se requiere una intervención conjunta del Estado, tanto a nivel nacional como estatal, así como de las empresas que se han instalado o se van a instalar en el país, para propiciar que firmas pequeñas y medianas, de una u otra manera puedan subirse a la cadena de valor y aprovechar el impulso de la relocalización.
Eso requiere políticas activas que impliquen el apoyar de manera deliberada a la industria, así como a la generación de mano de obra, calificada y al mejoramiento de las condiciones de infraestructura.
En materia regional, el caso más visible es el rezago del sur y el sureste de la República.
Para conseguir que estas regiones aprovechen el proceso de relocalización, se necesita que haya programas que vayan mucho más allá de las obras de infraestructura.
La inversión en la refinería de Dos Bocas, en el Tren Maya, o en el proyecto interoceánico, movieron el ritmo de crecimiento de algunos estados del sur del país.
Sin embargo, esto será algo efímero a menos que se propicie la llegada de inversiones privadas que vayan en cascada.
Eso requiere de infraestructura, energía, mano de obra calificada, y esquemas de financiamiento, lo que obliga a que los proyectos sean rentables.
Es claro que si el gobierno mexicano, simplemente actúa de manera pasiva esperando que algunas inversiones espontáneamente se ubiquen en sectores y regiones en donde se pretende impulsar el desarrollo, tomarán su decisión respecto a la localización de la inversión, en función de sus intereses y conveniencias y no de los proyectos de desarrollo.
Por esa razón, mientras no haya una intervención pública, eficiente y activa, serán los estados del norte de la República, así como del Bajío y algunos otros los que aprovechen esta circunstancia, mientras que el resto del país, quedará marginado de este proceso.
El nearshoring debería convertirse en prioridad nacional del próximo gobierno. Veremos si se consigue.