La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el martes pasado un dictamen que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y obliga al Poder Judicial a entregar a la Tesorería de la Federación un monto de 15 mil 450 millones de pesos, que hoy están depositados en diversos fideicomisos.
Se espera que el dictamen, que fue aprobado con los votos de Morena y sus aliados, pueda ser sometido al Pleno en la próxima semana, donde seguramente sería aprobado dada la mayoría morenista entre los diputados.
Se espera que pueda ser enviado próximamente a la Cámara de Senadores para que también se vote.
Hasta allí el camino es similar al de cualquier ley.
Sin embargo, en cuanto se promulgue la reforma, ya se ha anunciado que se van a emprender una serie de acciones legales para frenar la disolución de los fideicomisos del Poder Judicial.
Ya sean diputados o senadores de la oposición, en cualquier de las dos cámaras, sumarán el 33 por ciento requerido para emprender una acción de inconstitucionalidad, la cual llegaría directamente a la Corte.
Para los partidos opositores el tema no es la Corte sino la pretensión del Ejecutivo de centralizar el poder.
Por eso van a reaccionar rápidamente.
La Corte, sea en alguna de las dos salas o en el Pleno, tendrá que resolver respecto a la constitucionalidad de la decisión del Poder Legislativo.
Aunque algunos ven raro que la Corte determine la constitucionalidad de un tema que le incumbe, es exactamente lo mismo de la Cámara de Diputados, que se asigna su propio presupuesto. Está dentro del diseño institucional del país.
¿Sobre qué bases se podría argumentar que la entrega a la Tesofe de los 15 mil 450 millones de pesos puede considerarse violatoria de la Constitución?
El artículo 100 de la Constitución establece que será el propio Poder Judicial, el que defina su Presupuesto.
El que, por una decisión unilateral del Poder Legislativo, virtualmente se expropien recursos del Poder Judicial, que no de la Suprema Corte ni de los ministros, puede considerarse como una invasión de atribuciones.
De hecho, en el momento en que se asigne a un ministro la acción de inconstitucionalidad que emprendieran los legisladores, podría tomar la determinación de declarar una suspensión y la entrega de los fideicomisos a la Tesorería quedaría sin efecto.
Pero eso no será todo lo que emprenda el Poder Legislativo en contra del Poder Judicial.
Cuando se discuta el Presupuesto, en prevención de que la Corte anule la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se propondrá seguramente un recorte de la misma magnitud: 15 mil 450 millones de pesos.
Sobre la base de un total de 84 mil 792 millones solicitados, sería equivalente al 18.2 por ciento del total.
Del total requerido por el Poder Judicial, el 80 por ciento corresponde al pago del personal. Es decir, con un recorte como el señalado, el Poder Judicial se quedaría solo con recursos para pagar los sueldos, no de los ministros sino de los miles de personas que trabajan en juzgados, tribunales y demás instancias.
Por esa razón, también por ese recorte se podría emprender una acción de inconstitucionalidad al impedir de facto el funcionamiento del Poder Judicial.
Si la Corte tiene los recursos legales para frenar la decisión del Congreso, ¿por qué insistir en ella?
Porque la intención de la 4T es construir la narrativa de que tenemos una Corte que goza de privilegios indebidos y se resiste a perderlos.
La ofensiva de la 4T en contra del Poder Judicial en realidad deriva de que algunas sentencias no han gustado al presidente de la República.
AMLO no concibe que haya otro poder no supeditado a él, que norme la vida cívica del país.
Ya ha reconocido AMLO que, con la Corte, le falló la estrategia.
Tuvo la oportunidad de configurar un grupo de ministros que le fuera incondicional, pero se equivocó en algunas designaciones y ahora tiene un Tribunal Constitucional que tiene un criterio propio, lo que resulta muy incómodo al presidente.
Así que esta historia está aún por escribirse.