En la discusión respecto a los fideicomisos del Poder Judicial, se ha omitido una pregunta fundamental para entender el fondo del debate: ¿por qué es que justo en estas fechas los diputados han aprobado su extinción?
Algunos de los fideicomisos en cuestión tienen décadas de existir. Todos aquellos que la Cámara de Diputados aprobó extinguir en su sesión del martes pasado, están vigentes desde que comenzó este sexenio.
¿Será acaso que los legisladores estaban distraídos y no se habían dado cuenta de que existían estos vehículos jurídicos en el Poder Judicial?
La primera referencia pública notoria a ellos se presentó el pasado 9 de marzo.
En la conferencia mañanera de ese jueves, el presidente López Obrador presentó un cuadro con los fideicomisos y dijo lo siguiente:
“Esto no lo sabe la gente, tienen un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos. Este informe del Poder Judicial es público, nada más que mucha gente no lo sabía. Son 20 mil 516 millones de pesos”, aludiendo a que los recursos pertenecían a magistrados y ministros.
En aquella fecha faltaban aún 52 días del periodo ordinario de sesiones.
Si realmente se hubiera considerado que la existencia de los fideicomisos del Poder Judicial era gravosa para las finanzas públicas y era parte de los privilegios de “los de arriba”, como ha señalado el presidente reiteradamente, lo lógico es que desde entonces se hubiera propuesto una reforma legal para extinguirlos.
Sin embargo, dicha reforma, propuesta por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura de su partido al gobierno de Puebla, Ignacio Mier, se presentó hasta el 6 de septiembre pasado.
Se esperó hasta los últimos meses del año y ese hecho tiene un significado político.
Prácticamente desde que la ministra Norma Piña fue electa por sus pares como presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, comenzó una era de tensión con el presidente de la República, que se expresó en gestos, como la instrucción del presidente a sus colaboradores para que ni siquiera les contestaran el teléfono a los ministros, hasta su exclusión en ceremonias cívicas como la del Grito el 15 de septiembre o el desfile militar del 16 de ese mes.
En este contexto, lo relevante de la coyuntura actual no es la discusión respecto a las condiciones laborales del personal del Poder Judicial o si debe haber fondos para el retiro de jueces y magistrados. No.
Si esa hubiera sido la discusión, la dinámica política hubiera sido otra, y quizás se estarían analizando uno por uno de los fideicomisos, escuchando diversas voces.
Simple y llanamente, el presidente de la República ve a la mayoría de la Corte como un adversario.
La Corte ha sido un dique a diversas iniciativas, como el llamado Plan B en materia electoral o la que buscaba dejar al INAI en la inacción.
Igualmente, ve al Tribunal Electoral como una instancia poco confiable, que eventualmente puede ser un obstáculo para las campañas de los candidatos de Morena y sus aliados.
A semanas de que comiencen la precampañas y ya en el camino del último año de la actual administración, no se trata de austeridad o racionalización de los recursos, sino del debilitamiento de un Poder del Estado que no es controlado por la 4T.
El objetivo final es que estorbe lo menos posible a las intenciones del grupo en el poder y que, en la perspectiva de alcanzar una mayoría constitucional en las dos cámaras en las elecciones de 2024, se pueda procesar una reforma constitucional para deshacerse de los ministros y magistrados que hoy forman las principales instancias del Poder Judicial y proponer a otros que sean electos de manera directa por los ciudadanos, lo que daría a Morena una mayor posibilidad de controlar también a este poder.
Esa es la discusión de fondo y no si les deben pagar la tintorería a las togas de los ministros, por citar una tontería.
Así como creo que la Corte va a ganar al final de cuentas el litigio legal, me parece que el presidente va ganando la narrativa, que es lo que finalmente busca.