El presidente López Obrador quiere cerrar su sexenio a tambor batiente.
Este fin de semana anunció que, además de las reformas constitucionales que ya había anunciado que serían presentadas durante lo que resta de su mandato, la del Poder Judicial y la de la Guardia Nacional, agregará dos más: una sobre el salario mínimo y otra para garantizar que los trabajadores se jubilen con su sueldo completo.
¿En qué consisten las nuevas reformas propuestas?
La primera es la más simple y solo quedaría en ley lo que ya ocurre en la realidad.
La propuesta es que los incrementos al salario mínimo estén por arriba de la inflación.
Desde el año 2014, el segundo del sexenio de Enrique Peña, el incremento del salario mínimo ha estado por arriba de la inflación del año previo.
Lo que AMLO pretende es que quede como texto constitucional algo que sucede desde hace casi una década.
El otro tema es completamente diferente.
No hay manera, en el corto plazo, de que las pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS o a otros sistemas públicos, calculadas sobre la base de su ahorro individual, deriven en un monto equiparable al 100 por ciento del salario que percibía el trabajador.
Antes de la reforma del 2020 al sistema de pensiones, la llamada ‘tasa de reemplazo’, es decir, el porcentaje del salario que el trabajador obtendría con su pensión, en el esquema de ahorro individual, era del orden del 30 por ciento del último salario.
Cuando se haga efectiva plenamente la reforma del sistema de pensiones que condujo a un aumento de la aportación patronal de 1 punto porcentual cada año, hasta el 2030, ese porcentaje subirá al 70 por ciento aproximadamente.
Para asegurar que el trabajador reciba una pensión equiparable al 100 por ciento de su último salario habría dos opciones.
La primera sería elevar de manera muy sustantiva la aportación patronal o la del propio trabajador, para que el porcentaje de ahorro para el retiro resulte más elevado. O incluso agregar una mayor aportación del gobierno.
La otra opción es eliminar el esquema de ahorro individual y regresar a la condición que teníamos antes de 1997, con un sistema de retiro con beneficio definido, al margen de las aportaciones de los trabajadores.
En el caso de esta segunda opción, el costo fiscal sería gigantesco e inmanejable para el gobierno, además de crearse una crisis de confianza de grandes proporciones.
Las Afore ya manejan alrededor de 5.8 billones de pesos, que son ahorros de los trabajadores. Un cambio en su asignación generaría enorme inquietud.
En la medida que se trata de una reforma constitucional, la probabilidad de que sea aprobada es prácticamente nula, pues Morena y sus aliados no tienen los votos para conseguirlo.
¿Por qué entonces enviar las propuestas en este periodo previo a las elecciones federales?
Precisamente por su significado para el proceso electoral.
El presidente López Obrador seguramente desearía que las reformas se votaran en el periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero y que fueran rechazadas por la oposición, para así poder construir una narrativa que señale que son los partidos opositores los que se oponen a reformas que beneficiarían a los trabajadores.
El cálculo es que el efecto electoral de este hecho sea significativo.
Para los opositores no sería sencillo explicar al elector promedio el efecto negativo que tendría en la economía del país y por lo tanto en el nivel de vida de la población, precisamente porque se trata de un tema complejo.
Hasta ahora no ha existido inquietud entre los inversionistas, ya que se considera que las iniciativas no tienen posibilidad de ser aprobadas, pero si se integran a la plataforma electoral de Morena y se asume que podría alcanzar la mayoría constitucional en las dos cámaras, entonces creo que sí estaríamos en el umbral de un terremoto financiero.