La reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente López Obrador no es la primera que se haya realizado durante su mandato.
Ayer le comentamos en este espacio la reforma del 2020 que estableció un aumento gradual en el ahorro de los trabajadores, a cargo de los patrones, así como una reducción del mínimo de semanas cotizadas para poder jubilarse.
Hay otro caso ocurrido durante esta administración, que ha pasado casi de noche.
Se trata de lo que ocurrió en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al suscribirse el contrato colectivo de trabajo con el SUTERM a partir del periodo 2020-2022.
Primero déjeme hacer un poco de historia.
Como diversas empresas estatales, la CFE tenía un régimen de pensiones muy favorable para los trabajadores y con alto costo para la empresa.
En él, los trabajadores podrían retirarse con el 100 por ciento de su salario si cumplían 25 años de servicio y tenían al menos 55 años en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres no había mínimo de edad. Es decir, podría haber mujeres jubiladas a los 45 años si entraban a trabajar a los 20 años.
En el caso de los hombres tampoco lo había si cumplían 30 años de trabajo.
En 2016 se produjo una reforma que implicó cambios relevantes.
Para jubilarse con el 100 por ciento del salario, los hombres debían haber cumplido los 65 años y tener al menos 30 años de servicio. O bien, 40 años de servicio sin importar la edad.
En el caso de las mujeres también era 65 años como mínimo y 30 años de servicio, o bien 35 años de servicio sin importar la edad.
Dichos cambios, que aliviaron presiones financieras sobre la CFE y permitieron la reducción del pasivo contingente, fueron revertidos en el año 2020.
Los pasivos laborales de largo plazo de la CFE pasaron de 327 mil millones de pesos en 2018 a 487 mil millones de pesos en 2020. Es decir, el costo de cambiar el régimen de pensiones disparó este pasivo en 160 mil millones de pesos en el lapso de un par de años.
Hoy ese pasivo está en 431 mil millones de pesos.
Ayer, el presidente de la República aclaró que no es que quiera quedarse con los recursos de las cuentas de las Afores, pero dejó abierta la posibilidad de que hubiera una administración de estas que no fuera la privada.
Además, señaló que pidió a la Secretaría de Hacienda que hiciera las “corridas” para determinar cuántos recursos se necesitarían para apoyar a los trabajadores que fueran jubilándose para asegurar retirarse con una pensión equivalente al 100 por ciento de su salario.
Falta que Hacienda haga sus números, pero si ya de por sí en los mercados financieros existe la percepción de que hay presiones fiscales crecientes, que se expresaron ya en el mayor déficit previsto para el 2024, sería mucho más preocupante generar una carga adicional a las finanzas públicas.
No debe descartarse lo que ayer comentamos en este espacio: que se trate de una propuesta esencialmente electoral de AMLO, sin que quiera ejecutarla.
Pero otro escenario que también pudiera darse, sobre todo con la amenaza velada que ayer se hizo a las Afores, es buscar una nueva manera de ejercer presión sobre estas administradoras de fondos y obligarlas a reducir sus comisiones, más allá de lo que ya lo han hecho.
Cualquiera que sea el propósito, pienso que el presidente de la República está jugando con fuego.
En la estrategia política, una mala jugada podría derivar en generar desconfianza en los mercados internacionales, pues el pasivo contingente adicional multiplicaría muchas veces lo que ya ocurrió en este sexenio con la CFE.