El día de mañana, el presidente López Obrador propondrá una serie de reformas constitucionales que modificarían múltiples ámbitos de la vida del país.
Van desde modificaciones en las reglas del sistema político, la forma de designar a integrantes del Poder Judicial, cambios en materia de pensiones y salarios, una nueva reforma en materia energética, otras más para prohibir el maltrato animal o el consumo de fentanilo, y varias más.
Lo singular es que, aprovechando la fecha, es decir, el aniversario de la promulgación de la Constitución, el Presidente de la República pretende que todos estos cambios normativos sean de carácter constitucional, a pesar de que algunos solo requerirían modificaciones legales.
Lo anterior implica que, para que se hagan efectivos, será necesario que Morena y sus aliados cuenten con las dos terceras partes del Congreso en ambas cámaras así como con 17 congresos locales.
Parece muy poco probable que para este conjunto de propuestas, Morena pueda alcanzar la mayoría calificada que requiere.
Ya le he comentado que aunque el PRI, el PAN e incluso la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, hayan mostrado respaldo a la reforma en materia de pensiones, se trata simplemente de una manera de eludir la narrativa de López Obrador, que pretendería responsabilizar a la oposición de que los jubilados mexicanos no puedan tener un mayor ingreso, lo que tendría un costo político para los opositores.
Se ha comentado ampliamente que se trata de un conjunto de iniciativas que será usado de manera fundamentalmente electoral.
Los candidatos de Morena, comenzando desde la aspirante a la presidencia hasta los que buscan puestos en las cámaras, plantearán que si la gente vota por ellos se harán realidad este conjunto de reformas.
La gran aspiración de López Obrador, su sueño dorado, es que como resultado de las elecciones del 2 de junio, Morena obtenga la mayoría calificada en las dos cámaras.
De esa manera, tras la instalación de la nueva legislatura el próximo 1 de septiembre, podrían ser aprobados estos proyectos, los cuales rápidamente transitarían por las legislaturas estatales y antes de que el 30 de septiembre López Obrador deje la Presidencia de la República, le gustaría dejar promulgadas este conjunto de propuestas.
La realidad es que esa aspiración parece muy remota.
De acuerdo con los datos de la más reciente encuesta de El Financiero, la intención de voto por los legisladores de Morena y sus aliados alcanza el 41 por ciento en términos brutos y el 48 por ciento si se excluyen los indefinidos.
Eventualmente, dependiendo de la distribución de los legisladores plurinominales, quizás Morena y sus aliados podrían aspirar a obtener la mayoría absoluta en las dos cámaras, lo que les permitiría aprobar reformas legales.
Sin embargo, parece muy distante en las condiciones actuales que alcancen la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso.
Ese hecho le da enorme relevancia a lo que pudiera suceder con el relevo del ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte, al final del presente año.
Algunos visualizan que al no obtener la mayoría constitucional, Morena intentaría en el futuro darle la vuelta a las restricciones constitucionales, a través de modificaciones en las leyes secundarias.
Esto fue lo que ocurrió con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
La mayoría de los ministros de la Corte, siete específicamente, desde el año 2022, cuando el asunto se llevó al pleno del máximo tribunal, consideraron que las reformas a la LIE aprobadas en el año 2021, eran violatorias de diversos artículos constitucionales. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría necesaria para declararlas inconstitucionales, pues hubiera requerido de 8 votos.
Las empresas continuaron promoviendo amparos que siguieron su curso hasta que en la semana que hoy termina encontraron su desenlace en la resolución de la Segunda Sala de la corte que declaró su inconstitucionalidad.
Sin embargo, en un Pleno en el cual Morena tuviese al menos cuatro ministros en la Corte que votaran a favor de las propuestas del partido en el gobierno, se podrían hacer reformas de facto a la Constitución mediante modificaciones en las leyes secundarias, pues no habría los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de dichas reformas.
Por esa razón, para la oposición va a resultar fundamental no solamente el que Morena no obtenga la mayoría calificada en las cámaras, sino que no logre la mayoría absoluta, es decir que se quede con menos del 50 por ciento de los asientos al menos en alguna de las cámaras.
Esa sería la única manera de asegurar que, aún con un cambio en la Corte en el que haya cuatro ministros proclives a respaldar las propuestas de Morena, no pudieran aprobar leyes que eventualmente le dieran la vuelta a las normas constitucionales que no pueden modificar.
Ese es el enorme reto que tiene la oposición.