No hubo sorpresa y con una votación de 7 a 4, el Consejo General del INE decidió interpretar literalmente la Constitución, asignando 364 diputados a Morena y a sus aliados, con lo que alcanzan el 72 por ciento de los asientos en la Cámara y por lo tanto alcanzan la mayoría calificada.
En el caso de los senadores, se quedaron con 83 de 128, lo que representa el 64.8 por ciento y se quedaron a 3 de alcanzar la mayoría necesaria para modificar la Constitución.
Aunque importante, la votación del Consejo General del INE, se sabía, era solo un trámite para llegar a la votación decisiva, la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es la máxima instancia del Poder Judicial en materia electoral.
Ya le había anticipado que el escenario más probable era el de una votación dividida en el INE, pero a favor de darle a los partidos de la 4T la supermayoría en la Cámara baja.
Por cierto, estuvo más dividida de lo que muchos suponían.
Le anticipo que lo más probable es que tengamos ese mismo escenario en el Tribunal cuando su Sala Superior aborde la resolución del INE.
Pero, no descarte sorpresas. En cualquier caso, la definición vendrá en los próximos días.
Hay dos ámbitos de la contienda, el jurídico y el político.
En materia jurídica, como se apreció en las discusiones de las últimas semanas, el tema es controversial y sujeto a interpretación.
Hay una redacción ambigua en la Constitución de modo que si se aplica literalmente lo que aparece en un párrafo del artículo 54 constitucional se viola el sentido general de ese artículo.
Pero al mismo tiempo, si no se aplica literalmente, algunos, entre ellos la mayoría de los Consejeros del INE, consideran que se estaría violando el texto de la Carta Magna.
Como aquí le comentamos, el 18 de julio en un artículo titulado “La hipocresía de la sobrerrepresentación”, mientras esa redacción del artículo 54 fue favorable a los intereses de las fuerzas políticas que hoy lo impugnan no hubo el interés de modificarlo cuando contaban con la mayoría para hacerlo. Y así quedó, con las ambigüedades que han determinado el resultado que hoy tenemos.
Aunque la racionalidad jurídica vaya en el sentido de hacer una interpretación integral de la Constitución.
El otro ámbito de la discusión es de carácter político.
Los resultados del 2 de junio han permitido dar una vuelta adicional a la tuerca y se está rediseñando la estructura institucional del sistema político mexicano.
En realidad, las reformas político electorales que configuraron el sistema que hoy tenemos comenzaron desde hace mucho tiempo, pero de modo más visible con la reforma política del sexenio de López Portillo y adquirieron un alcance mayor tras la polémica elección de 1988.
Se fueron construyendo instituciones que permitieron adecuar el sistema político a una realidad de pluralismo que se configuró entre nuestra sociedad.
En los 90s el PAN ganó fuerza y el naciente PRD creció rápidamente, convirtiéndose en un serio contendiente de los otros dos partidos históricos, el PRI y Acción Nacional.
La estructura del sistema político se articuló a través de un árbitro autónomo, de un tribunal separado de la Corte, y de la representación proporcional que permitía que en el ámbito legislativo se expresara el pluralismo de la sociedad, entre otros ingredientes.
Con eso se articularon varias transiciones. El PRI perdió en 1997 por primera vez la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados; en el año 2000 un partido diferente a los priistas ganó por primera vez la presidencia y hubo alternancias frecuentes en estados y municipios.
El voto dividido repartíó el poder a diversas fuerzas políticas a escala federal.
Este sistema, sin embargo, resultó insatisfactorio para una amplia capa de la población y generó desprestigio de la clase política tradicional.
En 2018, un partido nuevo, Morena, fundado y encabezado por un líder carismático, proveniente del PRI y del PRD, Andrés Manuel López Obrador, arrolló en las elecciones presidenciales de aquel año.
Logró, mediante una ‘ingeniería electoral’ que no pudo ser impedida por el INE, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría absoluta en la de Senadores.
En los años siguientes, la oposición no logró configurar una alternativa competitiva y en las elecciones del pasado 2 de junio, logró un triunfo con una ventaja que no se veía desde la elección presidencial de 1982.
La fuerza política de Morena y sus aliados debilitó, tanto al árbitro electoral como al máximo tribunal Constitucional en materia electoral, creando las condiciones para capturar esas instituciones.
Esa fue la base de lo que hoy estamos presenciando.
Me parece que la mayoría calificada de Morena, que pudiera ser ratificada por el Tribunal, será la base para el cambio ya en curso en el sistema judicial; para la eliminación de diversos órganos autónomos y finalmente para una reconfiguración del sistema político electoral, para hacerlo acorde a una nueva fuerza hegemónica, como lo fue el PRI por muchos años.
Si no ocurriera eso, sería una gran sorpresa.
Veremos si el rediseño más probable del sistema político sobrevive a la salida del poder del fundador de Morena, pues a diferencia del PRI y sus ancestros, cuya perdurabilidad derivó de la rotación de las personas, la fuerza de Morena, por lo pronto, parece anclada en la presencia de AMLO.
Ya lo veremos.