Hoy comienza un mes que será trascendente, tanto en lo político como lo económico y financiero.
Este mes de septiembre será singular pues por primera ocasión desde los tiempos de Miguel de la Madrid, el partido que controla el Ejecutivo (con sus aliados) tendrá virtualmente la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso.
En la Cámara de Diputados esa mayoría será aritmética, y en el Senado, faltando un legislador, nadie duda que se conseguirá más temprano que tarde. Van a sobrar voluntarios para sumarse al bloque mayoritario.
Este hecho permitirá que, por primera ocasión, desde los tiempos de aquel viejo PRI del que ya pocos se acuerdan, puedan realizarse reformas constitucionales sin tener que ser negociadas con la Oposición.
Así saldrá en los próximos días, la del Poder Judicial, que va a significar un cambio radical en la estructura misma del Estado Mexicano.
Es mucho más profunda y amplia que la realizada en 1995.
Quizás en el mes de septiembre también se aprueben las del reconocimiento a los pueblos originarios y el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, que también implica una modificación constitucional que permitiría al Jefe del Ejecutivo asignar al Ejército las tareas que el presidente o la presidenta definan.
Luego, otras reformas vendrán en los siguientes meses.
No es exagerado decir que esos cambios de facto van a implicar una de las revisiones más profundas que haya tenido la Constitución en toda la historia.
Tendría que haber un cambio radical del balance político en México para que se revirtiera, incluso en la hipótesis de que Morena perdiera la Presidencia de la República en el año 2030, pues requeriría la creación de una nueva mayoría calificada y no se ve en el horizonte fuerza política alguna con esa capacidad.
Es decir, las reformas constitucionales que están siendo propuestas bien podrían durar por lo menos 12 años y quizás muchos más.
En ese sentido, lo que estamos viendo es probablemente una refundación de varias de las estructuras fundamentales del Estado Mexicano.
Claro que también existe la posibilidad de que Morena cambie de perspectiva a lo largo del tiempo.
Los partidos hegemónicos a veces mudan en sus principios.
El PRI igualmente nacionalizó la banca que la privatizó años después.
En el caso de Morena, no hay la certeza de lo que pueda pasar después de que su fundador e ideólogo, Andrés Manuel López Obrador, deje el poder.
El factor que mantiene unidas a corrientes de lo más diverso es la presencia de AMLO.
Aunque él siguiera operando en la política desde su rancho en Palenque (nadie cree lo de su retiro), el que no esté en la Silla Presidencial, temprano o tarde, va a generarle conflictos con la presidenta de la República.
Quizás no al principio, pero sí en el momento en el que ella perciba que su poder como cabeza del Estado ya se ha afianzado.
Pero, salvo que hubiera una gran crisis que pusiera al país en una circunstancia crítica, aún si Sheinbaum toma el control pleno, lo más probable es que persevere en los lineamientos estratégicos definidos por el propio López Obrador.
Quizás la diferencia principal que surgir sería de matiz, pues ella podría estar más inclinada hacia el pragmatismo.
El actual presidente de Morena y futuro Secretario de Educación, Mario Delgado, fue muy preciso cuando dijo que la reforma judicial es un regalo que quieren darle al presidente López Obrador antes de que deje su cargo.
En realidad, todas las reformas serán ese paquete de regalos que AMLO no se esperaba y que contribuyó a dárselo el mal desempeño de la oposición en las elecciones del pasado 2 de junio.
Al final de cuentas, quienes llevaron a los candidatos opositores a una votación muy por debajo de lo esperado, también habrán contribuido a esta redefinición del Estado que veremos a partir de hoy mismo.