El día de hoy, muy probablemente, sea promulgada la reforma judicial y se publique este mismo día en el Diario Oficial de la Federación.
Pese a que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, concedió una suspensión provisional para impedir la publicación de la reforma en el Diario Oficial, la realidad es que ni al Poder Ejecutivo ni al Legislativo les ha importado en absoluto desacatar las instrucciones de jueces y tribunales.
Así que creo que esta vez no será la excepción.
Hay que recordar que a López Obrador lo catapultó un desacato a una resolución judicial.
Recuerde usted que el proceso de desafuero en su contra ocurrido en los años 2004 y 2005 derivó del desacato de AMLO a una orden judicial relativa a la construcción de una vialidad en el predio “El Encino”.
El gobierno de Vicente Fox lanzó una campaña legal en contra de AMLO que derivó en la votación de la Cámara de Diputados el 7 de abril del 2005, que aprobó quitarle el fuero a López Obrador y proceder penalmente en su contra, por 360 votos a favor 127 en contra y 2 abstenciones.
Si bien AMLO ya se perfilaba como un candidato fuerte para las elecciones presidenciales del 2006, el desafuero al que fue sometido lo catapultó como el más probable ganador.
Las manifestaciones de respaldo al Jefe de Gobierno fueron gigantescas en la capital del país y el propio político tabasqueño inició un recorrido nacional, de los que tanto le gustan, al final la PGR se desistió del proceso, admitiendo una monumental derrota.
De este modo, un candidato que ganó de forma apretada la elección del entonces Distrito Federal en el año 2000, con 37.7 por ciento de los votos frente a los 33.4 por ciento obtenidos por Santiago Creel, se perfilaba como el más probable ganador de la elección presidencial del 2006.
Un desacato judicial que llevó a un desafuero fallido lo convirtió en el político más prominente del país.
Si comenzó su ascenso político desobedeciendo órdenes de jueces, nada raro es que vaya a terminar su mandato en la Presidencia de la República sin acatar resoluciones judiciales.
Diversos especialistas consideran que no todo está perdido en la lucha por evitar que se concrete la reforma judicial y esperan que la Corte acabe resolviendo que la forma de aprobar las reformas constitucionales tuvo diversos vicios, por lo que se debe revocar la aprobación.
Ignoro cuál vaya a ser la decisión que tomen los ministros, así como los argumentos jurídicos que se puedan esgrimir en ese debate, pero si se hace un cálculo político y no estrictamente jurídico, seguramente percibirán que las posibilidades reales de detener la reforma son muy escasas.
En el año 2023, Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, logró que el Parlamento votara una reforma que debilitaba al Poder Judicial, especialmente a la Suprema Corte de Justicia, dando más poder al Ejecutivo.
¿Le suena conocido?
La población rechazó la reforma y salió masivamente a las calles para protestar por ella.
La presión política fue tal que el 2 de enero del 2024 la Corte Suprema declaró su ilegalidad y fue derogada.
La gran diferencia respecto al caso de Israel es que una medida que allá se consideró una amenaza para la democracia, fue combatida a través de las más grandes movilizaciones populares en la historia de ese país.
Hoy en México se está consumando ese cambio solo con las protestas de los trabajadores del Poder Judicial y de estudiantes de derecho.
Hay una lección que aprender de esta diferencia y tiene que ver con el valor que damos en el país al cumplimiento de la ley.
Quizás más personas de las que imaginamos podrían suscribir el dicho que ha identificado a AMLO en toda su trayectoria política: “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley.”