El día de ayer tuvimos uno de esos episodios que darán vergüenza cuando se registren en la historia del país.
En una tómbola se seleccionaron los jueces y magistrados, que serán cesados antes del 1 de septiembre del próximo año. Es decir, la suerte determinó quiénes son los que seguirán en sus puestos por dos años más, y quienes los tendrán que abandonar en el curso del próximo año. El proceso de elección de jueces y magistrados, que es el eje de la reforma judicial, reconoció implícitamente que no es factible hacer una sustitución generalizada de quienes están al frente de las instancias de impartición de justicia más cercanas a la gente, y por esa razón dividió en dos el proceso.
Si hubiera una sustitución total hubiera sido probable quedarnos en 2025 sin un sistema judicial operativo, lo que, de hecho, sucederá en cierta medida.
La justificación del proceso, señalada una y otra vez por la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que esta reforma es producto del mandato del pueblo, me recuerda algunos tiempos del movimiento estudiantil.
Hace ya varias décadas, yo daba clases de matemáticas en la Facultad de Economía de la UNAM.
Al formular un problema de cálculo diferencial, uno de esos estudiantes radicalizados de la década de los 80s del siglo pasado propuso una solución para determinar la respuesta correcta: ¡que se vote! Pareciera una caricatura, pero es un hecho real.
En algunas corrientes políticas se perdió de vista que había una diferencia entre la realidad revelada por la ciencia y los procesos de votación.
Nunca la suma de 2 más 2 va a ser diferente a 4 aunque la mayoría piense lo contrario.
Pero, cuando la inteligencia de las personas es sometida a una visión ideológica, como la que muchos tienen en el ‘obradorismo’, la realidad empieza a desdibujarse para ellas.
Esto se conecta con el hecho de que ayer, al invocarse al azar para determinar quien conserva su trabajo y quién no en el Poder Judicial, se diga que esto es un proceso democrático.
Igualmente, resulta incoherente que se piense que este proceso es un remedio contra la corrupción.
Es como si a alguien se le diagnostica una pulmonía y recibe un tratamiento contra la diabetes. Y pareciera que nadie se da cuenta del error. Quizás, los integrantes y partidarios de Morena, cegados por algo que se pudiera llamar ‘democratitis’, que no democracia, intenta que a través de las votaciones se resuelvan todos los problemas del país.
Eso no va a ocurrir. Lo que la reforma judicial va a permitir es que Morena se haga con el control del Poder Ejecutivo, del Legislativo, y del Poder Judicial Federal, por ahora, y en un par de años, será también de los poderes judiciales locales.
Le vuelvo a referir un texto qué hace una semana cité en este espacio, “Nexus”, de Yuval Noah Harari, en donde plantea que una de las características de los sistemas democráticos es que pueden tener un sistema de autocorrección de sus decisiones. Para que esto fuera posible, se diseñó un esquema de pesos y contrapesos, que no es un aderezo de la democracia, sino que es parte esencial de ésta. La división de poderes es parte de ello. La concentración del poder que se ha dado en diferentes países del mundo, a lo largo de los últimos años, tiende a eliminar o limitar estos mecanismos de autocorrección.
Eliminarlos, como se está haciendo en México puede tener como efecto de largo plazo, que las decisiones en materia de políticas públicas también le hagan daño a la economía.
Un efecto de lo que estamos viendo es que pudiéramos tener un periodo prolongado de incertidumbre que traiga como consecuencia una retracción de las inversiones y con ello un bajo crecimiento de la economía. Hay dos administraciones en las que hemos tenido este caso en la historia reciente, la primera es la de Miguel de la Madrid, con un retroceso de 12.3 por ciento en el PIB per cápita durante su sexenio y la segunda es la de López Obrador, en donde tendremos un retroceso que se puede estimar en 1 por ciento.
¿Será que nos estamos jugando el futuro del país en la tómbola?