Nos encontramos en una crisis del sistema judicial mexicano.
No solo desde ahora, pero a la fecha se ha acentuado al máximo.
La expresión de ello es el incumplimiento de los mandatos judiciales, sin que haya consecuencias.
El caso más reciente, y quizás el de mayor notoriedad, correspondió al mandato de la jueza Nancy Juárez Salas, del jueves pasado, en el que instruía retirar la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto de la reforma judicial.
La presidenta Sheinbaum señaló que la jueza carecía de atribuciones para ordenar que el decreto de la reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el DOF fuera retirado de la publicación, por lo que no haría caso al mandato judicial.
De hecho, se anunció que el gobierno presentaría una denuncia contra la jueza en el Consejo de la Judicatura.
Pero no es el único caso. Se han presentado diversos mandatos judiciales desde hace meses, en este gobierno y en el anterior, que han sido ignorados por el Poder Ejecutivo y también por el Legislativo.
No entro a la discusión de fondo respecto a si las órdenes judiciales fueron correctas o no.
Lo que aquí me interesa subrayar es que cuando las resoluciones judiciales pueden ser ignoradas sin consecuencias, el Poder Judicial virtualmente desaparece. Deja de ser “poder”.
En el extremo, considere la posibilidad de que el máximo tribunal del país definiera por votación mayoritaria que debe suspenderse el proceso de la reforma judicial.
La respuesta previsible de parte del Poder Ejecutivo es que la Corte no tiene la facultad de detener una reforma constitucional votada por el Congreso y los poderes legislativos de los estados.
Y por esa razón, seguramente se ignoraría la resolución.
Ante ese desacato, la Corte podría pedir a la Fiscalía General de la República el uso de la fuerza pública para obligar al cumplimiento de su determinación.
Obviamente, es inconcebible que la FGR procediera.
En esta situación extrema, como respuesta a ello, el Poder Ejecutivo podría promover un juicio político contra los integrantes de la Corte, o algunos de ellos, para quitarles el fuero y proceder penalmente en contra de ellos.
La presidenta Sheinbaum ha dicho que no se llegará a ese extremo, pero algunos legisladores de Morena lo han planteado.
Ese escenario, absolutamente indeseable, conduciría a una crisis sin precedente en la historia reciente del país.
Habría una situación en la cual la fuerza del Ejecutivo y el Legislativo, aplastarían al Poder Judicial.
La imagen pública del país quedaría hecha añicos en esa circunstancia.
Pero aun sin llegar a ella, el “poder” del Poder Judicial está en extinción.
Imagine que usted tiene un litigio y un juez, un tribunal o la Corte, fallan a su favor.
¿Existen condiciones para que las resoluciones del Poder Judicial sean mandatos que los ciudadanos o las empresas cumplan cuando el mismo Poder Ejecutivo las ignora?
Estamos con el riesgo de que se pueda dañar profundamente la confianza de los inversionistas en el sistema legal del país.
¿Quién se va a arriesgar a invertir si de facto prevaleciera la ‘Ley de la Selva’ en donde es el más fuerte el que impone sus condiciones?
El riesgo del impacto negativo de la reforma judicial en la confianza no solamente deriva del contenido de la reforma, sino, en el escenario planteado, de la muestra de incapacidad para resolver, mediante negociación una diferencia entre poderes.
Creo que se ha subestimado el riesgo de que se pueda erosionar de manera grave el clima de los negocios.
Ojalá, entre todos los actores políticos haya conciencia del riesgo que existe.
No vaya a ser que la doctrina que domine sea la “doctrina Noroña”.
El presidente del Senado dijo el 5 de septiembre que aquellos inversionistas preocupados por la reforma judicial se pueden llevar su inversión a donde quieran. “Que se la lleven a donde quieran. Se la van a llevar a Suecia, se la van a llevar a China. Quiero ver a dónde se la van a llevar”.
Ojalá algunos de los integrantes de la 4T no vayan a pensar de la misma manera porque de lo contrario, le van a hacer un gran daño al país… y a la propia presidenta Sheinbaum.