Está por cumplirse un mes del gobierno de Claudia Sheinbaum y cada vez resulta más claro que el acertijo que debe resolver para llevar su administración a buen puerto resulta muy complejo.
Se trata de fondear los programas sociales heredados por López Obrador, y algunos agregados por ella misma. Pero, además, hacerlo con un menor gasto público, pues el déficit que le dejó el gobierno de su antecesor es insostenible.
No solo eso. También ha propuesto un ambicioso programa de infraestructura, que requeriría más inversión pública… o bien darle entrada al sector privado para que lo haga.
Y tiene que hacer todo esto, en un contexto complejo en materia de la situación económica y con la turbulencia que ha ocasionado la reforma judicial.
Vayamos por partes.
Veamos el tema de los programas sociales.
Muchos de ellos se agrupan en el rubro denominado “protección social”.
En los primeros ocho meses de 2024, este rubro tuvo un crecimiento real de 10.7 por ciento y sumó 1.3 billones de pesos.
Si este crecimiento se mantiene en el conjunto del año, el desembolso en 2024 será cercano a los 2 billones de pesos.
Si en 2025 se mantuviera ese crecimiento, el gasto adicional que tendría que desembolsarse por este concepto sería superior a los 200 mil millones de pesos.
En el caso de la inversión pública, en los primeros ocho meses del año creció a una tasa real del 20 por ciento y sumó alrededor de 740 mil millones de pesos. Para el cierre del año podría considerarse un estimado de alrededor de 1 billón 70 mil millones.
Si para el próximo año solo crece a la mitad, es decir, al 10 por ciento, en cualquier caso, implicaría un desembolso adicional del orden de 100 mil millones de pesos.
¿Podrían recortes en otros rubros del gasto compensar un desembolso extra del orden de 300 mil millones de pesos?
No se ve sencillo.
Pero tal vez se piense que habrá un crecimiento de la recaudación que permita obtener los recursos.
Los Precriterios de Política Económica consideraban un incremento de los ingresos del gobierno de alrededor de 300 mil millones de pesos, pero bajo el supuesto de un crecimiento económico de alrededor del 2.5 por ciento.
Si el PIB crece en 2025 sólo 1 por ciento, habrá que ajustar a la baja ese estimado.
Pero, además, el gobierno debe recortar el déficit previsto para este año en 5.9 por ciento del PIB.
Aun si no se deja en 3 por ciento sino en 4.5 por ciento del PIB, tendría que haber ajustes fuertes en el gasto público debido a que el PIB será menor al previsto.
Quizás la falta de gasto público podría compensarse con inversión privada.
Bueno, pero para que ello suceda, se requiere que haya confianza por parte de los inversionistas.
Antes de que se conociera que Morena iba a contar con mayorías calificadas en las dos cámaras, se pensaba que el cambio de gobierno podría haber traído una inyección de confianza por parte de los inversionistas.
El problema es que al haberse realizado la reforma judicial y algunas otras de carácter complementario como la llamada ‘supremacía constitucional’, se ha generado una situación de incertidumbre que limita la posibilidad de generar esta confianza.
En el equipo político de Claudia Sheinbaum debería haber quien le subrayara a la presidenta que ya ganó la elección, que tiene el control del Congreso y que seguramente tendrá también el control de la Corte en un futuro próximo.
Por eso ya no es necesario ni hacer giras que tengan como objetivo a la clientela de Morena ni usar un lenguaje beligerante contra los opositores.
Para encontrar la solución al acertijo, debería estar generando cada día mayor confianza entre los inversionistas y tendiendo puentes a los sectores que no votaron por ella.
Si no lo hace, el riesgo de que el acertijo quede sin resolver será muy grande.