El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó a un grupo de presidentes latinoamericanos que han condicionado su asistencia a la Cumbre de las Américas a que el gobierno de Biden, que esta ocasión será el anfitrión, invite a todos los presidentes de los países de la región, incluyendo Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Hasta ahora se ha sumado a este condicionamiento el presidente Luis Arce, de Bolivia mientras que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y el de Argentina, Alberto Fernández, aunque no han rechazado asistir, han respaldado la postura de López Obrador.
Este hecho, sin lugar a duda, le dará puntos al presidente mexicano en el intento de consolidar su liderazgo de diversos gobiernos de izquierda en la región.
Pero, además, hay otro objetivo político de esa actitud y es de carácter interno.
AMLO sabe que la población mexicana tiene fuertes inclinaciones nacionalistas y que es muy probable que obtenga un respaldo creciente al dar la impresión de que se está enfrentando al gobierno de Biden.
No importa que con el gobierno de Trump haya cedido a casi todo cuanto se le impuso, al grado de que el propio expresidente norteamericano ironizó respecto a la forma en la que “dobló” al gobierno mexicano.
Al hecho de que la Guardia Nacional se haya convertido en el auténtico muro fronterizo de Trump no le concedió más relevancia, pero ahora López Obrador se asume como defensor de la dignidad y de la soberanía.
Hay quien piensa que todo este jaleo no es otra cosa que simples fuegos artificiales de las dos partes y que se trata de un asunto sin mayor relevancia.
Me temo que no es así.
Se trata de un desencuentro más de varios que ya ha tenido el gobierno mexicano con el de Biden. Y desde luego que tendrá consecuencias para las dos partes.
Aunque al gobierno de Estados Unidos le ocupan y preocupan más otros asuntos, como la invasión rusa a Ucrania o a nivel doméstico, la probable resolución de la Corte sobre el aborto sabe que, si la Cumbre de las Américas se convierte en un fiasco por la inasistencia de jefes de Estado o por las críticas al gobierno de Estados Unidos, los enemigos de Biden van a aprovechar esa circunstancia para atacarlo.
Desconozco si el gobierno mexicano ha tenido algún contacto con el expresidente Trump. Supongo que no. Pero estoy seguro de que entiende perfectamente que un fracaso más de Biden en materia de política exterior fortalece al potencial contrincante del presidente de Estados Unidos en las elecciones del 2024, el expresidente Donald Trump.
Pero, hay otra variable más, que también es inquietante.
Los argumentos del gobierno de los Estados Unidos para no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen que ver con el hecho de que no considera que estén en el poder a partir de haber obtenido el triunfo en procesos democráticos.
El artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana firmada en septiembre de 2001 establece que “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización (de Estados Americanos)”.
Es sobre esa base que el gobierno norteamericano, como anfitrión, estableció la exclusión de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La actitud promovida por el presidente mexicano es indirectamente una advertencia al gobierno de los Estados Unidos respecto al hecho de que no aceptará que la calificación de un proceso electoral como democrático pueda provenir del exterior.
De la misma manera que el gobierno no aceptó la expresión de preocupación del Parlamento Europeo sobre el tema de la inseguridad de los periodistas mexicanos o de los efectos ambientales de su política energética planteado por empresas norteamericanas, pareciera que se está curando en salud y no aceptará que algún ente externo juzgue si las prácticas electorales en México son democráticas o no lo son.
Hoy, es una práctica regular en el mundo la presencia de organizaciones internacionales en la observación de los procesos electorales y la expresión de puntos de vista respecto a ellos, y la Carta Democrática aludida así lo establece.
¿Será que se está preparando el terreno para que en el 2024 no se acepte el juicio de los observadores internacionales ante posibles prácticas electorales cuestionables?
¿O de plano tal vez ya no preocupe lo que diga el gobierno de Biden ante la perspectiva de tener nuevamente a Trump en la Casa Blanca a partir de enero de 2025?
Usted dirá.