Al cierre de abril, la Junta de Gobierno del Banco de México anunció que este año tampoco habrá remanentes que aportar al gobierno federal. A diferencia de lo que pasó hace un año, esta vez no escuchamos ningún reclamo por parte del presidente de la República a la gobernadora, ni a los demás miembros de la Junta de Gobierno. Quizás alguien ya le explico al Presidente que la fortaleza del peso es lo que impide que haya remanentes para este año.
En teoría, los ‘remanentes de operación’ son las utilidades generadas por el Banco Central en un ejercicio anual. A algún legislador brillante del pasado se le ocurrió la genial idea de que, como el Banco Central no es una entidad de lucro, y dado que el ‘dueño’ del banco es el gobierno, el mismo está obligado a entregarle el excedente de operación que se genere cada año.
Desde 1995 a la fecha, el Banco de México ha entregado al gobierno federal un total de 730 mil 496 millones de pesos provenientes de este concepto. Esto implica que por esta disposición legal el banco tuvo que crear dinero por este importe, y además tuvo que dárselo al gobierno. Es el equivalente a 18.9 por ciento del dinero en circulación (M1) al cierre de 2016, año en el que se enteró recursos de remanentes a la Secretaría de Hacienda por última vez.
Esta obligación de entregar dinero del banco al gobierno por sus ‘excedentes de operación’ es un enorme absurdo. Vamos a explicarle por qué. Pero antes déjeme contarle que para evitar que ese dinero creado de la nada se vaya al gasto público y genere inflación, la Ley de Responsabilidad Hacendaria regula el cómo se puede asignar este recurso: El 30 por ciento del mismo se va a los fondos de estabilización de los ingresos públicos y el 70 por ciento restante se va a prepagar la deuda pública.
El 99 por ciento de los excedentes se generan por la devaluación del peso, que hace que el valor en pesos de las reservas internacionales que están invertidos en dólares, en otras divisas y en oro, suban de valor, lo que en la técnica financiera y contable se llama una plusvalía o una ganancia no realizada. Ninguna empresa se atrevería en su sano juicio a repartir dividendos sobre una utilidad no realizada. Los dividendos se reparten a los accionistas sobre utilidades efectivamente realizadas y cobradas.
También se tiene establecido un claro procedimiento de cómo se determina el excedente que se puede entregar al gobierno. Dado que el componente más importante de la determinación del importe de las utilidades del banco es el tipo de cambio, que por definición es una variable muy volátil, la Junta de Gobierno del Banxico debe provisionar o apartar una fracción importante de las utilidades a una reserva para amortización de pérdidas de ejercicios anteriores o futuros, lo que se le resta a las utilidades del ejercicio, disminuyendo los excedentes entregables. La Ley no es simétrica. En el ejercicio 2021, el estado de resultados del banco determinó una pérdida de operación por 730 millones de pesos. La ley no contempla que ‘el dueño’ del banco le tenga que reponer esa pérdida al patrimonio del banco.
La fecha límite en que normalmente se entrega el excedente es el último día de abril del año siguiente, una vez que se aprueban los Estados Financieros dictaminados del banco. Esto evita que como sucedió en 2020, cuando en la primera parte del año, por la aparición de la pandemia, el tipo de cambio se subió hasta 25 pesos por dólar, y se veía que si el tipo de cambio se quedaba por ahí hasta finales del año, se podría generar un excedente superior al billón de pesos, al presidente se le ocurrió invitar a tomar un cafecito al entonces gobernador del banco, el doctor Alejandro Díaz de León, al Palacio Nacional, para pedirle un adelantito. Cosa que el doctor Diaz de León se negó rotundamente, y le costo la no reelección en su cargo. Han ocurrido casos en que cuando se tienen que entregar los excedentes al gobierno, en abril del año siguiente, el tipo de cambio ya bajó y ya se borró totalmente la plusvalía que se cuantificó como excedente. E inclusive en alguna ocasión no solo se borró la plusvalía sino que la revaluación del peso fue tan fuerte que ahora se tiene una minusvalía superior a la plusvalía que se está monetizando.
La Ley del Banco de México propuesta por el doctor Miguel Mancera en 1984 le prohíbe al banco financiar al gobierno federal de cualquier forma. De hecho cuando el banco actúa como agente financiero en las subastas primarias de Cetes u otros valores gubernamentales no puede comprar un solo título. Solo lo puede hacer como parte de su función de regulador monetario en el mercado secundario de los títulos. Así que exista por otro lado la obligación de que el banco le tenga que entregar recursos determinados por una plusvalía que es una utilidad no realizada es una verdadera aberración. Una vergüenza. Banqueros centrales, secretarios de Hacienda, presidentes y legisladores van y vienen y nadie ha propuesto cancelar esta abominable regulación. Así como esta, tenemos muchos más absurdos en nuestras leyes, que valdría la pena abordar en otras colaboraciones.
El autor es presidente de Bursamétrica.