Hace ocho días expresaba en este espacio que las reformas que pretenden aprobarse, iniciando el primer periodo de ordinario de la nueva legislatura, debilitan claramente el marco institucional y pueden influir en una degradación de las calificaciones de la deuda soberana. Si los inversionistas financieros globales perciben el riesgo de perder el grado de inversión en la deuda soberana mexicana, los recursos invertidos en bonos mexicanos (por más de 100 mil millones de dólares) pueden salir en fracciones de segundo a vender sus títulos, con lo que veríamos un alza impresionante de las tasas de interés, ante la caída en el valor. Los inversionistas recibirían sus pesos, que tendrían que pasar a dólares de manera inmediata. En un escenario así, con una estampida financiera, y una demanda extraordinaria de dólares, el tipo de cambio pudiera subir a 25 o 30 pesos por dólar. Pasada la tormenta, el peso podría estabilizarse más abajo, pero difícilmente llegaría de nuevo debajo de 17 pesos por dólar.
Pero lo más grave es que para el mediano plazo, no contar con el grado de inversión nos metería en un círculo perverso, como el que lleva a cuestas Brasil, que perdió el grado de inversión desde el 2015, que implica menores flujos de inversión directa y financiera; un mayor costo del dinero para toda la sociedad; mayor déficit fiscal; mayor endeudamiento y menor crecimiento. Para el 2025 tendríamos, sin grado de inversión, una profunda estanflación (recesión con inflación), en donde, como siempre, quienes más sufrirían serían los más pobres. Y el sueño del nearshoring quedaría durmiendo ‘el sueño de los justos’. Esto es lo que está en riesgo con las reformas que el presidente AMLO quiere aprobar en septiembre.
Por eso es sumamente relevante la estrategia que ya han concretado el secretario Rogelio Ramírez de la O y el subsecretario, Gabriel Yorio, al reestructurar los vencimientos de la deuda pública, tanto externa como doméstica para los próximos años. Si algo sabemos hacer los mexicanos, mejor que nadie, es la administración de la deuda pública. Ya en noviembre del 2020 se había logrado una reestructura por 6 mil 600 millones de dólares. En la pasada Convención Bancaria de abril, el subsecretario Yorio había platicado sobre la estrategia para recibir al siguiente sexenio. Recordemos que esta administración se apropió y se gastó una serie de reservas líquidas con que el Estado mexicano contaba ante diversas contingencias.
En este año se han concertado cinco operaciones para minimizar los vencimientos de la deuda pública para los años 2025 a 2027. De estas, tres son de deuda externa. En total se negociaron tres mil 852 millones de dólares, que de inicio estaban proyectados para pagar el año entrante.
De lado de la deuda en pesos, el viernes se concretaron operaciones en el mercado local refinanciando 181 mil 754 millones de pesos (nueve mil 840 millones de dólares) extendiendo los vencimientos a plazos de hasta 30 años.
La reestructura total no solo permite reducir las amortizaciones de los próximos años, sino que mejora las condiciones de operación y beneficia la liquidez de los instrumentos mexicanos en el mercado secundario. También es conveniente resaltar que en esta administración, la proporción de la deuda externa sobre la deuda total se ha reducido del 21 por ciento al 16 por ciento.
En el sexenio, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la medida más amplia de la deuda gubernamental– pasó de 10.5 billones de pesos en diciembre de 2018 a 17.5 billones de pesos aprobados para este año, de acuerdo con lo revelado en los Pre-Criterios del próximo año. Con esto, Hacienda espera dejar el SHRFSP en 50.2 por ciento como proporción del PIB, más de seis puntos porcentuales encima del 43.6 por ciento que se tenía al inicio de esta administración. El déficit público de este año se calcula en 5.9 por ciento del PIB, de acuerdo al documento de los Pre-Criterios para el 2025.
En adición a las reformas, hay otros enormes desafíos por resolver, como es lograr reducir el déficit fiscal sin generar una recesión, resolver el grave problema de Pemex en su conjunto, proporcionar energía eléctrica a costos eficientes y en capacidad suficiente, en el mismo sentido impulsar las energías renovables, resolver la insuficiencia de agua, la inseguridad, la ausencia del Estado de derecho, la deficiente preparación de los jóvenes, disminuir la economía informal, incrementar la profundidad y la eficiencia de nuestro sistema financiero. Todos estos factores juegan para la competitividad y el atractivo de la inversión, y la calificación del riesgo país.