Como funcionario público, el presidente tiene prohibido realizar pronunciamientos políticos sobre precandidatos y candidatos, dado que estaría violando los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
Pero al presidente la ley no le importa. A él que no le salgan con el cuento de “que la ley es la ley”. Él obedece lo que dice el Pueblo y el Pueblo es él, según lo ha determinado él mismo.
El año pasado, al conocerse que sería Xóchitl Gálvez la candidata del Frente que contendería contra “la corcholata” que él impuso en su partido mediante el método de encuesta/dedazo, desde su tribuna oficial dedicó varios días a atacarla, a lanzar calumnias contra ella, a exhibir documentos oficiales que la ley prohíbe divulgar.
Más recientemente, el presidente publicó un libro que descalifica e insulta nuevamente a la precandidata del Frente. El libro debe ser retirado de la circulación hasta que concluya el periodo electoral. Pero el daño está hecho. Circulan por la red los insultos del presidente y los medios de comunicación los reprodujeron ampliamente. La ley determina una sanción económica y hasta cárcel por este comportamiento. Pensar que al presidente se le va a aplicar la ley es una ilusión. Tiene bajo su control al órgano y al tribunal electoral. La ley no aplica para él. Al presidente le gusta decir que el Poder Judicial está podrido. Y, sin embargo, él no cesa de violar la ley. De ese tamaño es su hipocresía.
El gobierno y el partido en el poder por todos los medios han querido proyectar que la elección ya está decidida, valiéndose de encuestas a modo. Si así fuera, ¿qué necesidad tendría el presidente de inmiscuirse ilegalmente en la elección proponiendo un paquete de reformas electorales que él sabe que no van a ser aprobadas porque no cuenta con la necesaria mayoría legislativa?
En 2006, en lugar de aceptar su derrota electoral, estratégicamente difundió la idea de que le habían cometido fraude. De hecho, el supuesto fraude del 2006 constituye la piedra fundacional de su movimiento. Nunca pudo probar que dicho “fraude” había tenido lugar en las urnas, por lo que se concentró en denunciar las acciones de Vicente Fox. A juicio de López Obrador, Fox —de la mano de Elba Esther Gordillo— intervino para que algunos gobernadores priistas apoyaran a Felipe Calderón. A la luz de lo que ha ocurrido en los últimos años, en los que hemos visto cómo gobernadores priistas dejan de apoyar a los candidatos de su partido para luego ser recompensados por el presidente con embajadas, la aseveración parece ridícula. Si Fox realizó algún tipo de fraude con estas acciones, el fraude llevado a cabo por López Obrador y su partido ha sido mucho mayor.
López Obrador acusó también a Fox de intervenir en el proceso electoral, ya que el guanajuatense acostumbraba decir que “hay que cambiar de jinete, pero… ¿Para qué cambiar de caballo, si el caballo va caminando bien?” Teniendo en cuenta la forma descarada en la que López Obrador ha intervenido en la actual contienda electoral, el intervencionismo de Fox parece pueril. Lo curioso del caso es que fue López Obrador y su partido (en ese entonces, el PRD) el que, quejándose del intervencionismo de Vicente Fox, propuso introducir diversas leyes para que ese tipo de conductas no volvieran a ocurrir. Lo que como candidato criticó ahora como presidente lo ejerce a plenitud, interviniendo sin cesar en el proceso electoral.
Cabe la duda: si el proceso electoral ya está decidido en favor de la personera del presidente, ¿a qué viene tanta trampa?
La del 2024 no ha sido ni será una contienda pareja ni justa. La candidata oficial gastó una cantidad extraordinaria de dinero (en espectaculares, bardas, anuncios en los medios y en giras por todo el país) para promocionar su imagen. Los llamados siervos de la nación advierten a la gente que los programas sociales van a serles retirados si gana la oposición, a pesar de que ya están inscritos en la Constitución. Se movilizarán recursos legales e ilegales para obtener el triunfo de la candidata oficial. Pero sin duda, la mayor violencia a la ley correrá a cargo del presidente.
La elección del 2 de junio no está decidida. Si así fuera, ¿qué necesidad de organizar una elección de Estado? ¿Qué necesidad, si el triunfo fuera evidente, tendría el presidente de violar de continuo la ley electoral?
La elección que viene no será para elegir a Xóchitl o a Claudia, será para elegir entre dos modelos de nación. Tendremos que elegir entre una candidata que representa el autoritarismo y otra que representa la libertad. Entre un régimen cerrado y opresor y otro abierto y tolerante.
Sheinbaum, al asumir por completo el plan de reformas de López Obrador, manda una señal muy clara: de concretarse, su gobierno querrá hacerse del control del Poder Judicial y del órgano electoral. Querrá continuar la militarización del país y continuar el pacto inconfesado con el crimen organizado. Nos aproximamos a una elección tramposa. Está en nuestras manos que no se cumpla ese designio.