El 20 de enero, Donald Trump tomó protesta como el 47º presidente en la historia de Estados Unidos, iniciando su segundo periodo. Tal como comentamos en nuestro artículo anterior, llega un Trump recargado y más libre políticamente hablando.
En una clara línea de desmarcarse de las políticas de su antecesor, Joe Biden, y de implementar las propias que definirá como eje de su administración, desde el primer día lanzó una avalancha de órdenes ejecutivas. Aunque sabemos que muchas de estas serán impugnadas en los tribunales, para el nuevo Presidente era crucial dejar constancia de su rumbo político.
Nos corresponde ahora evaluar en nuestro Debate Puntual, algunas de estas órdenes y sus posibles impactos para México. En primer lugar, Trump ha tomado medidas en temas de seguridad y migración, incluyendo la prohibición de asilo para las personas recién llegadas a la frontera sur de EU. A esto se le suma su intento de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una garantía otorgada por la 14ª Enmienda para los hijos de inmigrantes indocumentados. Aunque es importante señalar que el Presidente no tiene la autoridad para modificar la Constitución por su cuenta, esta medida genera inquietudes, ya que aún no está claro cómo pretende negar los beneficios de ciudadanía a los niños nacidos en territorio estadounidense, una prerrogativa que ha sido crucial para muchos hijos de migrantes.
Trump también ha ordenado al fiscal general y otros funcionarios federales que bloqueen fondos a las ciudades que él considera ‘santuario’, aquellas que se oponen a la cooperación con la aplicación de las leyes migratorias. En este sentido, el mandatario ha subrayado que la administración buscará tomar medidas en la “máxima medida posible, según la ley”. Asimismo, ha suspendido la distribución de fondos federales a organizaciones no gubernamentales que apoyan directa o indirectamente a inmigrantes indocumentados o aquellos sujetos a expulsión, mientras se realizan revisiones y auditorías para identificar posibles violaciones de las leyes migratorias.
Una de las medidas más controvertidas de su primer día fue la declaración de que los cruces migratorios en la frontera entre Estados Unidos y México constituyen una “emergencia nacional”. Esto le permitiría acceder a fondos federales para la construcción del muro fronterizo sin la necesidad de aprobación del Congreso. Además, Trump ordenó a las fuerzas militares “sellar las fronteras”, citando como justificación el flujo de drogas ilícitas, el contrabando de personas y la delincuencia asociada con los cruces ilegales.
En cuanto a la política migratoria, Trump reactivó la controversial medida de ‘Quédate en México’, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México, mientras sus casos son evaluados por un juez de inmigración. Durante su primer mandato, esta medida afectó a más de 70 mil solicitantes de asilo no mexicanos, y ahora parece que se reiniciará. Además, Trump puso fin a un programa impulsado por la administración Biden que permitía el ingreso aéreo de hasta 30 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Otro aspecto relevante es que Trump ha comenzado a considerar a los cárteles de la droga y a las bandas criminales transnacionales como “organizaciones terroristas extranjeras”, lo que implicaría una respuesta más agresiva y una ampliación de las herramientas legales y financieras para combatirlos.
Todos estos movimientos han puesto en jaque la política migratoria de México. Aunque el discurso oficialista asegura que el gobierno mexicano no cederá ante las presiones de Trump en cuestiones de migración y seguridad, será interesante observar cómo responden las autoridades mexicanas ante el empuje del nuevo Presidente, especialmente en temas que considera de alta prioridad.
En este contexto, los ciudadanos mexicanos deberán mantenerse alerta ante las decisiones que tome su gobierno, esperando que estas contribuyan a mejorar las condiciones de vida en el país. El sentimiento generalizado en México es que la violencia desbordada y el creciente poder del crimen organizado son consecuencia de la falta de una política frontal y efectiva para enfrentarlos. No parece una idea descabellada pensar que México podría recibir apoyo para reducir la influencia de estas organizaciones criminales.
Sin embargo, surge otra pregunta crucial: ¿qué sucederá con los connacionales deportados? Muchos de ellos huyen del país en busca de mejores oportunidades laborales, especialmente para poder enviar recursos a sus familias. Este flujo migratorio no solo representa un reto social, sino también económico. Las remesas, que han sido presentadas como un logro del gobierno, probablemente sufran un impacto negativo tanto en el ámbito económico como en el social, debido a la recepción de un número elevado de migrantes que no encontrarán las oportunidades de desarrollo necesarias en México.