Simplemente, no encontraron cifras y datos recientes al respecto. Alguien –que no importa quien fue, pero que es muy importante lo hubiera hecho–, requirió vía solicitud de acceso a la información a la CNDH, el informe actualizado del número de ataques a medios informativos durante 2022. Le respondieron que eso se lo preguntara a la Fiscalía General de la República.
O sea, que no les concierne (que son incompetentes para atender esa cuestión). Pero, si para eso existe un programa de agravios a periodistas que debe efectuar la Quinta Visitaduría del Ombudsman nacional (la CNDH), especialmente, porque somos el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y eso no solo afecta al gremio que asume el riesgo de cubrir las fuentes informativas; las amenazas y los ataques contra las libertades de expresión y de comunicación inhiben las libertades informativas y nos afecta a todos como sociedad con aspiraciones democráticas.
En el portal de la CNDH estuvo esa información de 2005 a 2017, ahí se daba cuenta de 52 lamentables incidentes violentos en contra de agencias informativas.
Conviene recordar que hace tres décadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nació, en principio y como misión primordial, para erradicar la tortura que de manera sistemática ejercían y con lujo de impunidad los policías en trance de investigar y perseguir los delitos. La era de la tortura oficial.
Con el inicio del nuevo siglo (año 2000), otro penoso rasgo vino a ensombrecer el solar nacional, el incremento del hostigamiento y los crímenes de periodistas y activistas de la sociedad civil organizada, pero no solo por parte de sicarios oficiales (agentes del Estado). A partir de entonces, la violencia desatada en contra de los periodistas, activistas de causas urgentes en democracia y de los migrantes, otro colectivo en constante peligro. Durante los últimos años, la pugna territorial de los cárteles dejó de atacar exclusivamente a sus rivales (guerra entre cárteles y/o corporaciones del narcotráfico).
Hoy la violencia más desgarradora la efectúan en contra de la población abierta. ¿Quiénes? “Los nuevos factores reales de poder”: los cárteles (la delincuencia organizada a gran escala) y los intereses siniestros que amasa el narcopoder (con la participación de funcionarios cómplices y empresarios coludidos con el crimen organizado).
Ahora, la síntesis oprobiosa de la violencia generalizada en términos de inseguridad pública expansiva se puede denominar: la era de la desaparición selectiva de personas en medio del caos público y la impunidad estructural.
La semana pasada, el INAI ordenó a la CNDH buscar para encontrar esa información que debe obrar en sus archivos, entregarla completa al solicitante y publicar esos datos de manera actualizada. La información pública debe alumbrar el camino de la ciudadanía, de otro modo se desplaza a ciegas, dando tumbos y experimentando la omisión del principio de legalidad y la sustitución de ese principio por el de oportunidad.
No basta que existan las instituciones que garantizan mecanismos de defensa y protección de los derechos y las libertades esenciales, es imprescindible que sus actuaciones sean difundidas para propiciar la confianza ciudadana que permita, en casos concretos, acudir a dichas instituciones a buscar refugio o a requerir su decidida intervención.
El autor es comisionado del INAI.