El 15 de abril pasado, el Senado de la República aprobó la modificación a las leyes reglamentarias del Poder Judicial, incluido el artículo 13 transitorio, que amplía el mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por dos años más. Es decir, que en lugar de que su mandato −que inició en enero de 2019−, termine a finales de 2022, su periodo culmine hasta finales de 2024. Asimismo, la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó estas modificaciones y las turnó al Poder Ejecutivo para su firma, publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.
De acuerdo con los legisladores, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como algunas otras modificaciones, buscan “abatir la corrupción, el nepotismo y la discrecionalidad entre los jueces”. Cosa con la que no podría estar más de acuerdo en lo personal. Sin embargo, sin ser experto en la materia, me preocupa mucho la extensión de la duración del mandato del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. No tengo nada en contra del ministro Zaldívar, ni alguna razón por la que el periodo como ministro presidente deba o no ser ampliado de cuatro a seis años, al menos para el ministro presidente en turno. Sin embargo, lo que me preocupa como mexicano es que se modifiquen leyes secundarias que van en contra de nuestra Constitución.
Considero que muchas veces no es fácil entender la ley y que por ello, en muchos casos se pueda prestar a muchas interpretaciones. No obstante lo anterior, creo que en este caso en particular nuestra Constitución no deja duda alguna. Con respecto al mandato de presidente de la SCJN, el artículo 97 de nuestra Carta Magna dice a la letra: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”. Así, para modificar la duración del mandato del presidente de la SCJN, ya sea de manera permanente o transitoria, se necesita hacer un cambio a nuestra Constitución, que como sabemos, requiere de la aprobación de al menos dos tercios en ambas cámaras (66.7 por ciento) y de la mitad de los congresos locales. Sin embargo, esto no fue lo que se hizo.
Por un lado, no se llevó a cabo ninguna modificación a nuestra Constitución, sino a algunas leyes secundarias, que deben ceñirse a los ordenamientos que marca la Constitución. Por otro lado, cabe señalar que el Senado aprobó la ampliación del mandato del ministro presidente Zaldívar con 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones, mientras que en la Cámara baja ésta se aprobó con 262 votos a favor, 182 en contra y siete abstenciones. Es decir, que la modificación en la Cámara alta se hizo con el apoyo de 67.2 por ciento de los senadores (86/128) −más de dos tercios−, pero en la Cámara de Diputados se aprobó con 52.4 por ciento (262/500). Así que, a la luz de estos números y sin tomar en cuenta el apoyo potencial de los congresos estatales, no se aprecia que la modificación a la Constitución se hubiera podido llevar a cabo.
¿Qué sigue? El presidente López Obrador −que en su toma de posesión protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen−, podría ejercer su poder de veto, dada la flagrante inconstitucionalidad de la extensión del mandato del ministro presidente Zaldívar. No obstante lo anterior, no parece ser el caso ante los comentarios que hizo al respecto en su conferencia matutina del pasado 16 de abril: “Estoy de acuerdo en la reforma del Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial (…) Le tengo confianza al presidente de la SCJN. Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma del Poder Judicial, estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”.
Así, la SCJN podría evaluar si las modificaciones a estas leyes secundarias son o no inconstitucionales. En mi opinión, la ley es tan clara en este caso en particular, que no podemos esperar otra respuesta de los ministros de la Suprema Corte, que la inconstitucionalidad de la extensión de la duración del mandato del ministro presidente Zaldívar.
Por el lado menos sombrío, considero que lo que está ocurriendo es un reflejo más de nuestra naciente democracia. Considero que lo que estamos viviendo en varios casos, no solo en este en particular, es que el Poder Judicial está levantando la voz y está siendo contrapeso del poder. No es que no lo haya sido, sino que prácticamente no había tenido que demostrarlo de manera tan fehaciente como ahora. Así, recordemos que en la mayor parte del siglo XX solo había un poder en México: el presidencial, el Poder Ejecutivo. Sin embargo, conforme fuimos avanzando como democracia, hacia finales del siglo pasado tuvimos un Poder Legislativo que ya fungió como contrapeso del Ejecutivo. Ahora está tocando al Poder Judicial ejercer una de las funciones para lo que fue creado, ser contrapeso del Ejecutivo. En este sentido, si se logra esto y en particular califican la extensión de mandato del ministro presidente Zaldívar como inconstitucional, considero que podremos continuar nuestra trayectoria hacia una democracia más madura, en donde el tener elecciones libres no es lo único que define a una democracia liberal, como la que hemos estado tratando de construir por tantos años.
* El autor es director general adjunto de Análisis Económico, Relación con Inversionistas y Sustentabilidad de Grupo Financiero Banorte, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía Mexicana. Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.