La semana pasada comenté sobre lo difícil que ha sido para el gobierno de México a lo largo de diferentes administraciones dejar atrás el control de algunos precios, particularmente el del dólar (tipo de cambio), el de la tortilla y sobre todo el de la gasolina (“La gestión del precio de las gasolinas en México (I)”, 22 de marzo). En este sentido, hice referencia a los problemas que causa cualquier control de precios, en particular, la escasez del producto cuyo precio se desea controlar. En el caso del tipo de cambio peso-dólar, la escasez se hizo evidente cuando se drenaron las reservas internacionales del Banco de México en 1994. Desde ese momento México adoptó un régimen de tipo de cambio flotante, definido por las fuerzas de oferta y demanda. En el caso de la tortilla, ya no existen más los controles de precio de carácter oficial o los subsidios que alguna vez existieron. No obstante lo anterior, no hemos podido liberalizar el precio de las gasolinas.
En la columna de la semana pasada me quedé comentando sobre el esfuerzo que se llevó a cabo en 2017 para intentar liberar el precio de las gasolinas. Con la reforma energética de la administración anterior, se definió liberalizar el precio de las gasolinas el 1 de enero de 2017. Desafortunadamente el gobierno tuvo muy mala suerte y se liberalizó en un momento en el que tanto los precios de las gasolinas, como el tipo de cambio, hicieron que el precio internacional en pesos por litro se incrementara significativamente. Estamos hablando de que esto ocurrió en los últimos días de 2016. A este intento de liberalización del precio de las gasolinas se le acabó llamando ‘gasolinazo’. Así, el precio de la gasolina ‘regular’ aumentó poco más de 20 por ciento en enero de 2017, el incremento más relevante de una sola vez desde los noventa.
En mi opinión, era claro que algo tan políticamente sensible habría que liberarlo cuando los precios bajaran y que la población observara que efectivamente los precios pueden bajar y que por lo tanto, la reforma energética podría tener un efecto positivo tangible en la ciudadanía, pero no. Se quiso cumplir con la fecha propuesta –la cual reconozco que no era sencillo modificar porque estaba pactada con los legisladores–, y los resultados fueron muy negativos. Lo peor es que el gobierno incurrió en este altísimo costo político y acto seguido, se echó para atrás. Considero que si el gobierno ya había incurrido en el costo político de liberalizarlo, mejor ya se hubiera ‘aguantado’. Sin embargo, fue tan fuerte el impacto mediático –incluyendo la oposición en ese momento, criticando la reforma energética–, que rápidamente el gobierno estableció un mecanismo intermedio para continuar suavizando los incrementos en los precios de las gasolinas.
Se estableció un impuesto especial (IEPS) fijo –de entre 4 y 5 pesos por litro–, en el que el gobierno podría decidir cuánto recaudar de dicho impuesto. Entonces, cuando los precios internacionales de las gasolinas registraran un incremento relevante, el gobierno podría dejar de cobrar parte de ese IEPS o no cobrarlo, con el afán de suavizar dichos incrementos. Este mecanismo tenía tres aspectos positivos en cuanto a finanzas públicas se refiere: (1) No podía convertirse en subsidio, por lo que se cuidaba la salud de las finanzas públicas al no aumentar el déficit y se eliminaba el costo de oportunidad en el que incurre el gobierno por asignar recursos a este subsidio, en lugar de gastar en algún proyecto con mayor utilidad social o alternativamente, disminuir deuda y por lo tanto, pago de intereses; (2) se aprovechó la aplicación de un impuesto a un bien prácticamente inelástico. Es decir, cuya cantidad demandada no responde mucho a los cambios en los precios. De hecho, algunos políticos en el pasado le llamaron ‘el impuesto perfecto’, porque casi siempre se recauda lo que se planea recaudar y en algunos momentos sirvió para ‘cuadrar’ las finanzas públicas; y (3) se elimina la posibilidad de otorgar un subsidio ‘regresivo’. Es decir, que apoye mucho más a quienes se encuentran en clases socioeconómicas más altas.
¿Qué está ocurriendo hoy en día? Hemos vuelto al esquema anterior a 2017. Si bien puede ser criticable desde los tres aspectos que acabo de mencionar, considero que no es una mala política en esta ocasión, siempre y cuando se establezca que será temporal. En las circunstancias actuales, en las que no se han liberalizado los precios de las gasolinas en nuestro país y que cada vez que aumenta su precio genera ajustes de otros precios –debido a que los incrementos siempre se perciben como permanentes–, no veo mal que el gobierno haya decidido subsidiar de nuevo el precio de las gasolinas. Por un lado, mitiga las presiones inflacionarias extraordinarias que estamos viviendo. Cabe señalar que el actual subsidio no solo limita los incrementos de los precios de las gasolinas per se –que ya es un apoyo muy importante–, sino que además, limita los ‘efectos secundarios’, que en el caso de México considero que son más significativos que en otros países, por lo que he venido comentando. Así, realmente no creo que este subsidio solo ayude a quienes más tienen solamente (por eso comentaba sobre la probabilidad de un subsidio ‘regresivo’). Asimismo, se cuidan las finanzas públicas al menos de lado del déficit, debido a que el subsidio está siendo cubierto con los ingresos petroleros observados, que exceden a los presupuestados bajo un supuesto de precio del petróleo de 55 dólares por barril (dpb), cuando dicho precio ha promediado alrededor de 87 dpb este año y cuya correlación con el precio internacional de las gasolinas es muy alta y positiva (salvo en casos extremos).
* El autor es economista en jefe para Latinoamérica del banco Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.
* Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.