Nos preguntamos si algún día, en realidad, dejó el seno familiar y logró la pretendida autonomía civilista.
La evidencia parece demostrar lo contrario y la decisión anunciada desde el palacio presidencial sugiere un enrarecimiento mayor en torno al organismo destinado a la seguridad pública, de carácter civil por mandato constitucional cuyo contingente mayor es militar, con mando en retiro del cuerpo castrense y por tanto sujeto al fuero militar, adscrito a una secretaría de estado (SSPC) en el mismo tenor jerárquico que la Sedena y, en la práctica, supeditado logística, administrativa, financiera y operativamente a la estructura militar.
En términos técnicos, se han involucrado en una operación de relevo altamente compleja y de delicada coordinación que ya ofrece óbices políticos, sociales, legales y desde luego, económicos.
Hasta el día de hoy se desconoce la motivación del acuerdo/decreto/manotazo que se ha anunciado desde la máxima tribuna nacional, pero las repercusiones ya se van materializando.
La Guardia Nacional es una institución creada para la Seguridad Pública, que sustituyó a la Policía Federal, aduciendo razones de eficacia y anticorrupción, que debía ser de carácter civil, pero dados los resultados y la decisión que se toma de ponerla formalmente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa como una rama más de ésta, evidentemente le cancela ese carácter, aunque en la realidad, desde su creación, no ha cesado su dependencia del ministerio castrense a pesar de estar adscrita a la Secretaría de Seguridad.
Desde su origen, la Guardia enfrentó adversidades y trastornos de identidad a causa de la heterogeneidad de sus cuadros y la concepción misma de su carácter, disciplina, formación y trayectoria profesional que tornaron farragoso su despegue.
El próximo 16 de septiembre, se ha anunciado por el alto mando, la Guardia Nacional retornará oficialmente al seno materno, luego entonces, la seguridad pública quedará, como tantas otras tareas, en manos militares. Ante ello surge otra pregunta: ¿seguirá existiendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Si es así, ¿cuáles serán sus funciones y con qué fuerza las realizará?
Mientras esto sucede, voces diversas se alzan con señalamientos de inconstitucionalidad de la medida anunciada y la violencia se desborda, aparentemente de manera coordinada, en diversas entidades del país mostrando el músculo del crimen organizado que parece incontenible y día con día más robusto y desafiante.
La reestructuración constante de los organismos de seguridad pública con los cambios de administración ha sido factor determinante para su maduración y consolidación en beneficio de la paz social, elemento indispensable para la estabilidad y el desarrollo. Los experimentos en esta materia, salvo raras excepciones, han sido caros e infructuosos y han contribuido al fortalecimiento de la delincuencia de manera inusitada, que no sólo hace alarde de fuerza, sino que ahora atenta violentamente contra la población civil.
El panorama no es nada prometedor y las ocurrencias, como forma de administración, son muchas y peligrosas.