Aunque se han levantado voces airadas señalando como escenario más peligroso el profundo retroceso democrático que amenaza al país, todo parece pronosticar un desenlace adverso para el árbitro electoral en un momento crucial para el futuro político de México.
La acometida gubernamental para la reforma del Instituto Nacional Electoral tiene un objetivo por demás evidente para regresar el control de las elecciones al gobierno en turno y, como en tiempos que creíamos superados, asegurar el triunfo y la continuidad del partido en el poder. Diríase, hoy en día, garantizar la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de la nación.
Con eufemismos o sin ellos, lo que subyace a la iniciativa reformadora en materia electoral, sin embargo, parece ser la incertidumbre y la desconfianza de que se tenga garantizado el triunfo del movimiento transformador en las próximas elecciones de 2023 y, desde luego, de 2024. Ante ello, se han puesto en juego de manera abierta y agresiva todos los recursos al alcance del gran elector.
Un factor que será determinante es la fragmentación que se profundiza tanto en los partidos de oposición como en las propias filas morenistas. Entre los primeros, se percibe distante la consolidación de alianzas que puedan hacer frente de manera unificada a las pretensiones reformadoras del gobierno. Pero también en las segundas son evidentes los estragos que va dejando a su paso la competencia interna entre las ‘corcholatas’ con presagios de ruptura.
El primer objetivo que persigue la reforma al INE es sin duda la elección del Estado de México. El propio secretario de Gobernación, en compañía del “gobernador consentido del presidente”, señaló que no se pueden dar el lujo de perder esa entidad en los próximos comicios del año entrante, considerándolo un tema de seguridad nacional, de ese calibre la relevancia.
Así las cosas, con reforma o sin ella, aún está por definirse, el Estado de México será el gran laboratorio en tránsito a la elección presidencial de 2024 y brindará experiencias y enseñanzas que deberán ser aprovechadas por el partido en el poder y por la oposición, unificada o no.
La relevancia del Estado de México radica no sólo en los más de 12 millones de potenciales electores, más o menos 14 por ciento del padrón nacional, sino en el simbolismo político que conlleva la representatividad y trascendencia del régimen priista y que constituiría un trofeo histórico para la 4T.
La carrera está en marcha, los tambores batiendo para la batalla campal que se avecina, los espectaculares color guinda en las vías de comunicación mexiquenses con mensajes denostadores se reproducen generosamente anunciando la expulsión del tricolor, Toluca bien vale una misa, con INE o sin él.