Dos temas, ambos de carácter criminal y con implicaciones internacionales, han tomado por sorpresa al gobierno mexicano a escasos dos meses del relevo presidencial: la captura/entrega de dos personajes importantes en el liderazgo de la organización delictiva de Sinaloa y la expulsión hacia Guatemala —quién lo iba a pensar— de cientos de pobladores chiapanecos en busca de refugio, a causa de la violencia desatada en la zona por grupos delincuenciales antagónicos.
El primer caso, envuelto en el velo del misterio, digno de una novela de espionaje e intriga, ha inducido toda clase de especulaciones respecto a las circunstancias en que los presuntos delincuentes llegaron a territorio estadounidense: traición o pacto. Con una carga de desinformación que alienta la formulación de toda clase de ‘hipótesis’.
Lo incuestionable es que, como haya sido, los capos se encuentran ya sujetos a proceso en territorio norteamericano, capturados por autoridades norteamericanas y, como se ha reconocido, sin la participación de ninguna mexicana, lo que ha sido interpretado como un mensaje, no sólo para el gobierno que se despide, sino para el que está por arrancar, respecto de la determinación de los Estados Unidos de combatir al crimen organizado en México, tema recurrente en los postulados de campaña, de manera radical, al menos por los candidatos republicanos.
El segundo caso, el desplazamiento de paisanos chiapanecos hacia territorio guatemalteco, en busca de asilo y protección contra la violencia en sus lugares de origen, es muestra más que fehaciente de la expansión territorial y la pretensión de apropiación geográfica de las organizaciones criminales en el sureste del país, como en otras zonas del territorio, donde el crimen organizado ha sentado sus reales y ejerce, de facto, la administración y el control de la actividad política, social y económica.
Ambos temas van de la mano y el hilo conductor es la inseguridad, la violencia generada por la actividad criminal que parece incontenible en vastas zonas de la geografía nacional y que da pie a la injerencia extranjera de manera autónoma, basada en sus capacidades reales a manera de demostración de fuerza, prescindiendo de la colaboración de la autoridad local.
Las circunstancias sobre la detención de los personajes aludidos dejan más dudas que certezas, lo relevante en realidad es que los dos sujetos están en prisiones estadounidenses con la posibilidad de revelar secretos respecto al entramado en que se desarrolla el crimen en México lo que, indudablemente, tendrá consecuencias en la relación bilateral, independientemente de quién obtenga el triunfo en las elecciones del vecino del norte.
El problema que se vive en la frontera sur, ante el inédito desplazamiento de connacionales, representará un serio obstáculo a la administración que debutará en octubre, particularmente, respecto al mantenimiento de la estrategia de seguridad implementada por el actual gobierno.