Por encima de la discusión mediática y del debate erudito en foros de análisis político respecto a las decisiones asumidas en el Congreso federal en las últimas semanas, a nadie parece sorprenderle el resultado largamente anunciado desde la administración anterior sobre la suerte que correrían el Poder Judicial y los órganos autónomos de nuestro país.
La especulación sobre el origen de una instrucción se acentúa al considerar a los actores que fueron factor determinante en las apabullantes votaciones en las respectivas cámaras con las que se decidió el destino de los juzgadores, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH) y la ratificación en el cargo de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Pese a los desmentidos y la desestimación que desde la máxima tribuna de la nación se expresan respecto a las especulaciones mediáticas, los antecedentes públicos no dejan otra vía que pensar en el escenario más lógico, en la línea establecida desde un recóndito lugar de nuestra paradisiaca geografía y en la prevalencia del legado transformador a través de interpósitos operadores.
Resulta difícil imaginar que la actual administración, que asumió como lema de campaña la construcción del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México, pueda dar variaciones significativas al derrotero establecido por el fundador del movimiento regenerador que, es público y notorio, sembró de alfiles el tablero político en que se desenvolverá su sucesora.
Lo sucedido en las cámaras del Congreso en las últimas semanas podría ser interpretado como una demostración de fuerza, como un acto de autoridad de parte de quien, formalmente, ya no la ejerce, pero que sigue vigente, con su autoridad moral, en la conducción de los destinos nacionales, en la refundación de la República.
Las reformas que se han venido realizando de manera vertiginosa durante las últimas semanas enfrentarán al país a retos descomunales, no solo por la deconstrucción e indispensable reestructuración del andamiaje institucional al interior, que llevará largo tiempo, sino por el impacto que ello tendrá, obligadamente, en la relación internacional, que ya enfrenta amenazas externas y demostraciones de fuerza al menos en el discurso, advirtiendo un endurecimiento en el tratamiento de temas sensibles de carácter social, político y económico que, indudablemente, someterán a nuestro país a grandes presiones en lo interno y en lo externo.
Para la responsable de la conducción de la política nacional, en todas sus vertientes, los retos y las angustias tampoco serán menores, ya sea en la soledad que impone su encargo para la toma de decisiones o con el consejo de un guía espiritual.