La aprobación de Trump cae en picada y su fortuna crece exponencialmente. Su forma de hacer negocios siempre estuvo a la vista de todo mundo. Nadie puede llamarse a sorpresa de sus instintos y sus prácticas.
La sorpresa, si acaso, es el cinismo de una corrupción que no se esconde. Seguramente hay más hechos enterrados, pero con lo que vemos alcanza para señalar que el uso del poder para fines personales es de proporciones galácticas.
Trump no viene de construir compañías sólidas y sostenibles; viene de operar marcas apalancadas, estirar la cuerda con acreedores, litigar y cerrar “arreglos”.
Su emblema fue Atlantic City: una cadena de casinos y vehículos ligados al juego que entraron varias veces en bancarrota, empezando por el Taj Mahal (1991) y repitiéndose en los noventa y en 2004, con pérdidas para inversionistas.
A ese historial se suman episodios reveladores: Trump University cerró demandas con un acuerdo de 25 millones de dólares y la Trump Foundation fue sancionada por uso indebido de recursos.
Hoy Trump normaliza el conflicto de interés y trata la ética pública como estorbo. No es un “gran caso” aislado; es un patrón de decisiones, gestos y arreglos que se acumulan.
Es escandaloso el vínculo entre decisiones políticas y respuesta de los mercados. Un presidente que declara “es un gran momento para comprar” o que da giros bruscos con sus tarifas abre un boquete al uso de información privilegiada.
Recientemente, una divulgación financiera mostró miles de operaciones bursátiles ligadas a su portafolio, reavivando el debate ético sobre trading masivo desde la presidencia, aun cuando su defensa insiste en que no controla decisiones específicas.
En el contexto de Irán, surgieron reportes de movimientos anómalos en futuros de petróleo minutos antes de anuncios presidenciales.
A esto se suma una frontera nueva: mercados de predicción como Polymarket, donde apuestas sobre eventos geopolíticos convierten la agenda pública en oportunidad de ganancia privada.
La expansión del universo Trump hacia el mundo cripto —con proyectos vinculados a su familia— abre el manual clásico de sospecha: ¿la política pública favorece al país o al portafolio?
Viene después el pay-to-play: la percepción de que nombramientos, acceso y favores se consiguen con cercanía, dinero o lealtad.
En ese ambiente se vuelve normal que el presidente promueva intereses privados y que la frontera entre Estado y negocio se vuelva más que borrosa, casi invisible.
Sumemos la internacionalización del conflicto de interés. Los hijos del presidente operan el Trump Organization y se reúnen con funcionarios extranjeros mientras buscan negocios: aun sin “prueba de delito”, el daño reputacional es automático.
La pregunta se instala sola: ¿qué es diplomacia y qué es prospección comercial?
Un presidente que a la vista de todos acepta enormes regalos. El caso más notorio es el del avión de Qatar —un jet de lujo valorado en torno a 400 millones de dólares— que la administración aceptó y que luego se lo quedará el presidente.
Apenas hace unos días el intento de la creación de un fondo público “Anti-Weaponization Fund” de 1.8 mil millones de dólares para compensar a personas que alegan haber sido “perseguidas” por el sistema (él entre ellas y los juzgados por sus actos el 6 de enero, entre otros) que incluso ha sido rechazado por varios republicanos y que al día de hoy parece desechado.
En este mismo paquete legislativo un esquema de blindaje fiscal de “audit immunity” que protegería a Trump y su familia de auditorías futuras. La ética pública se vuelve autoprotección privada.
Con un mazo dando y con la otra mano debilitando candados: despidos y vacíos en la oficina federal de ética, ausencia de un “ethics pledge” robusto y la lógica de “menos supervisión, más discrecionalidad”.
Finalmente, la captura simbólica del sistema: la intención de colocar a un abogado personal como fiscal general: la justicia como extensión del círculo íntimo.
En conjunto, el cuadro es nítido: negocios y política mezclados, candados éticos debilitados, favores, regalos extranjeros millonarios, fondos públicos para causas políticas, posible blindaje fiscal, un DOJ con olor a lealtad personal y la sombra de operaciones de mercado —y apuestas— alrededor de decisiones del Estado. La corrupción como sello, no como accidente.
Mientras tanto, en México la percepción de fracaso en la promesa de acabar con la corrupción es registrada en las encuestas de opinión pública.
La diferencia con las administraciones de Trump y la autodenominada 4T es que la primera no lo ocultó nunca, mientras que la primera se cubrió en un manto de superioridad moral y ética que hoy está totalmente desgarrado y hecho jirones.
