No hay que colgarle etiquetas a López Obrador de izquierdista, populista o inclusive neoliberal como algunos lo ven; sin caer en populismo económico (excluyo la política) ni en satanizar el mercado, lo que se ha propuesto el gobierno es funcional a un desarrollo capitalista, que en México está trabado por el poder político excesivo de los milmillonarios, por la agudización de desigualdades sociales y regionales, por la corrupción rampante y por el estancamiento de la movilidad social.
En las transformaciones emprendidas hay aciertos y desaciertos.
Para destrabar el desarrollo capitalista del país se han mejorado salarios y prestaciones laborales como principal estrategia para atemperar algunas desigualdades sociales; se han abierto oportunidades de inversión privada con inversiones públicas como detonador, tal como está ocurriendo en el sureste del territorio y se ha atendido con programas asistenciales multimillonarios, la pobreza en que vive más de la mitad de los mexicanos.
Las medidas en esos tres aspectos contribuyen a fortalecer el mercado interno, factor de estímulo insustituible de inversiones productivas y por consecuencia, del crecimiento económico y del empleo. Durante décadas se argumentó que los aumentos de remuneraciones al trabajo y el gasto social inducían inflación de precios e inhibían las inversiones productivas; ha quedado demostrado que favorecen, además de la inclusión social y la reducción de la pobreza, el crecimiento del mercado interno, de las inversiones y del empleo, como viene ocurriendo después de la pandemia.
Para elevar el poder adquisitivo de la población, empezando por los pobres, y reorientar las inversiones públicas regionalmente, ha sido necesario también recuperar márgenes de acción política del gobierno frente a intereses particulares que han tenido influencia excesiva en el diseño de políticas públicas, en la asignación de contratos y en el otorgamiento de créditos y condonaciones fiscales.
Habrá claroscuros en la historia del desempeño de López Obrador; si el próximo gobierno es el de Sheinbaum, comprometido con la corrección del rumbo económico para lograr equilibrios más justos en la generación y distribución de la riqueza, tendrá también que atender, con mucho mayor eficacia, áreas socialmente sensibles como la seguridad, la salud y la educación públicas, así como el abatimiento de la corrupción y la procuración de justicia.
Destaca el caso de la creciente inseguridad, que somete al arbitrio de las múltiples organizaciones criminales las actividades honestas de campesinos, comerciantes, transportistas, industriales y hasta familias objeto de extorsiones bajo amenaza de secuestro y muerte.
Son evidentes las limitaciones de la estrategia de combate a la delincuencia, basada en la premisa de que las condiciones socioeconómicas son las que inducen a la gente a delinquir. Hace falta mucho más que esperar a que cambien tales condiciones, y no se ha hecho más que militarizar la seguridad pública.
En salud pública no se ha resuelto la segmentación y el condicionamiento que hacen que sólo quienes tienen empleo formal sean derechohabientes de alguna de las instituciones existentes. El Seguro Popular, -que era un mecanismo de apoyo económico mediante inscripción y pago de cuotas al que podían acceder personas carentes de empleo registrado- fue sustituido en 2020 por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que iba a ofrecer sus servicios gratuitamente y al desaparecer en abril de 2023, fueron transferidos al IMSS-Bienestar, donde se están elaborando los procedimientos y el padrón de beneficiarios. Eso ha privado, desde el 2020, del apoyo económico en salud a algunos millones de mexicanos necesitados del mismo.
En lo que hay que insistir es que el problema socioeconómico de México es la pobreza y las desigualdades y, lo que se ha logrado con la mejoría de condiciones laborales, con los programas sociales y con el desarrollo regional ha sido la implantación de tendencias, pero los cambios reales todavía son modestos ante la dimensión de los rezagos.
La consolidación de esas tendencias significaría una profunda actualización del pacto social, un nuevo consenso solidario y mayores márgenes de acción del poder público para hacer de la equidad en la generación y distribución de la riqueza, la plataforma de libertades democráticas más efectivas.