Para mantener el gobierno de la sociedad, ineludiblemente conflictuada por diferencias de clases, es indispensable que todos los ciudadanos, por desiguales que sean, crean en la libertad e igualdad «democrática».
Mientras la gran mayoría de la gente tenga expectativas de movilidad y mejoramiento en la escala social, y crea que participa en una tendencia a cerrar diferencias entre clases, se puede sostener la ideología democrática.
Pero hace ya un par de décadas que las desigualdades sociales, económicas y regionales se han acentuado en todas las naciones, las ricas y las pobres, y empiezan a ser señaladas como causa principal del bajo crecimiento y como un riesgo de ruptura del orden democrático.
Pocos países como México, han puesto la necesidad de atemperar las desigualdades de todo tipo en el centro de la política pública, pero pronto empezarán a hacerlo otros más.
Ahora, hasta el FMI reconoce la toxicidad de las desigualdades, lo cual no convierte al organismo en socialista ni comunista.
La actual directora gerente de ese organismo, Kristalina Georgieva, ha repetido recientemente que las principales economías están experimentando una desaceleración y un bajo crecimiento del PIB real, y ella lo atribuye a la creciente desigualdad de riqueza e ingresos.
“Tenemos la obligación, ha dicho, de corregir lo peor de los últimos 100 años: la persistencia de una alta desigualdad económica. Las investigaciones del FMI muestran que una menor desigualdad de ingresos puede estar asociada con un crecimiento mayor y más duradero”.
Es un cambio radical en el discurso del FMI, que hasta hace poco su credo era que un crecimiento más rápido dependía de una mayor productividad laboral, del libre movimiento de capitales, de la globalización del comercio internacional y de la “liberalización” de los mercados. La desigualdad no figuraba entre sus preocupaciones.
Pero es indudable que la desigualdad en riqueza e ingresos es política y socialmente tóxica, y paralizante de la economía. Joseph Stiglitz, premio nobel de economía, no duda en considerar que el aumento de la desigualdad es la causa principal de la crisis de bajo crecimiento; y es que los datos sobre la concentración de riqueza e ingresos en el mundo durante los años del neoliberalismo, son abrumadores.
Baste como recordatorio decir que el Informe Mundial de Desigualdad (WIR), consigna que en 2021 el 10 por ciento más rico de los adultos poseía una riqueza equivalente al 60 por ciento en algunos países y hasta el 80 por ciento en otros, mientras que la mitad más pobre tenía menos del 5 por ciento en promedio.
Los índices de México son semejantes; el 5 por ciento de los hogares acapararon el 60.8 por ciento de la riqueza en 2020.
¿Dónde se origina esa concentración excesiva de poder económico y político? El problema es complejo, pero hay dos causas que sobresalen en países ricos y en el nuestro.
Una es la caída del impuesto sobre la renta a los que más ganan, que impuso en todo el mundo el neoliberalismo; el sistema fiscal mexicano no fue la excepción y se convirtió en uno muy injusto con la clase media y laxo con los de muy altos ingresos.
El gobierno de López Obrador no ha hecho cambios legales, ni modificado tasas, ni creado nuevos impuestos; su apuesta ha sido simplemente cobrar lo que manda la ley, y en la mayoría de los casos lo ha conseguido, con la bien conocida excepción de Salinas Pliego, sobre quien pesan varios juicios en proceso.
Esperemos que el Poder Judicial haga su trabajo con apego al derecho.
La otra causa mayor de las desigualdades radica en los mercados laborales; el salario mínimo estuvo estancado durante décadas en México; el vigente en diciembre de 2018 era equivalente a 81 por ciento del costo de la canasta de bienes con la que el Coneval ha establecido el umbral de pobreza. Ahora, en febrero de 2024, el salario mínimo vigente equivale a 1.67 veces el costo de esa canasta.
Falta mucho por avanzar en la mejoría salarial, pero al menos ya se dieron los primeros y más importantes pasos.
Además, el gasto público destinado a los programas sociales creció en 30 por ciento en lo que va del sexenio, lo que también contribuye a atemperar desigualdades.
Lo importante es que se tiene clara la prioridad de abatir las desigualdades, que han alcanzado grados insostenibles no sólo en México; es probable que pronto otros países deban hacer lo mismo que el gobierno de México, cada uno a su manera.