Este martes el presidente López Obrador envió al Congreso un paquete de reformas para modificar varias leyes secundarias en materia electoral. Se trata de lo que se conoce como el plan B del Presidente, tras su incapacidad por convencer a la ciudadanía de hacer un cambio constitucional, tentativa que fue totalmente rechazada en el pleno del Congreso, por 269 votos a favor y 225 en contra. El Presidente decidió embarcarse en la aventura de su plan B porque la mayoría simple le es suficiente para aprobar su reforma. Por lo pronto la Cámara de Diputados ya aprobó la ley, sólo con votos oficialistas y sin discutirse. Sin embargo, el Senado podría pararla. En caso de aprobarse seguramente la SCJN tendrá que decidir sobre su compatibilidad con la Constitución.
El proyecto de ley propone varios cambios que, bien vistos, entrañan un retroceso a nuestro orden político-electoral. Se proponen cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación Social, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia electoral y se expediría la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La verdad sea dicha, la propuesta de reforma parte de un diagnóstico equivocado de nuestra realidad política en los últimos treinta años. Al contrario de lo que se estipula en el proyecto de ley, México es un mejor país al contar con un instituto electoral que no depende del gobierno en turno como en el pasado. Es curioso que en el proyecto de reforma se critique la idea de autonomía del órgano electoral, cuando precisamente eso le ha permitido ser un árbitro imparcial y efectivo.
A continuación se enlistan y discuten los principales aspectos de la propuesta presidencial:
1) Para empezar, se busca disminuir los recursos que se destinan a nuestra democracia, por razones de austeridad. Quitarle recursos a lo que hasta ahora ha funcionado bien no parece buena idea. Aunque en realidad, lo que hay detrás es el deseo de ahogar presupuestalmente al INE. Así, los órganos distritales pasarían de 300 de carácter permanente a sólo 260 de carácter temporal. Esto sería un atentado contra uno de los sistemas civiles de carrera más profesionales y sofisticados del país. De igual manera, se propone eliminar fondos y fideicomisos del Instituto que han funcionado bien hasta ahora y se elimina la figura del secretario ejecutivo. El cambio para peor no es sólo cuantitativo sino cualitativo. En una supuesta lógica de racionalidad burocrática que no se explica con claridad se proponen recortes que harán más difícil la funcionalidad y efectividad de nuestras instituciones electorales. La lógica detrás de la reforma propuesta pone a la carreta delante de los caballos: se sacrifica la capacidad de contar efectivamente los votos ante el altar del ahorro de recursos. Pero en realidad un México donde se gaste menos en contar votos aumenta la posibilidad de fraudes electorales realizados desde el poder.
2) La reforma también es centralista y busca minar el poder a las instituciones electorales estatales. Esto atenta contra el principio federalista de nuestra carta magna y es, por ello, antidemocrática.
3) Se podría considerar que el paquete de reformas busca darle más poder a los partidos al quitarle poderes de fiscalización a los mismos por parte del INE. Esto tendría el efecto pernicioso de que los liderazgos partidistas puedan hacer y deshacer a su antojo sin que nadie les ponga un alto. Es posible que este aspecto de la reforma sea un guiño al PRI para que apoye el plan B.
4) De igual manera, se autoriza a funcionarios del INE la posibilidad de hacer campañas políticas a favor de ciertos candidatos, con lo que se politiza un órgano que debe ser imparcial.
5) También se otorga al Conacyt la responsabilidad de desarrollar el método de voto electrónico, en un momento en que esta institución se encuentra prácticamente capturada por el oficialismo.
6) Otro gran problema del paquete de reformas propuesto es que parece tener dedicatoria. Existen varios párrafos referidos a una supuesta “extensa facultad normativa” del INE. Nadie que no siga el debate político nacional puede no recordar que la candidata semioficial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, fue sujeta recientemente a penalidades por parte del INE debido a sus gastos anticipados de campaña. El Presidente y su candidata están enojados por las sanciones legales que se les imponen debido a sus infracciones a la ley. Ahora buscan cambiar una normatividad que antes promovieron, cuando los beneficiaba. Efectivamente, la “extensa facultad normativa” del INE fue resultado de la iniciativa del movimiento de López Obrador, cuyos miembros se quejaban de la intervención, por ejemplo, del presidente Vicente Fox, en las elecciones de 2006. Pero ahora que están en el poder buscan cometer acciones que antes llamaban abusos. Este doble estándar moral permea el texto del proyecto de principio a fin.
Indudablemente se debe discutir los alcances legales y normativos del INE, pero ninguna reforma legal puede decirse justa cuando parece estar hecha para beneficiar al grupo en el poder.
7) Transforma los procedimientos con los que el Tribunal Electoral establece sanciones lo que hará más difícil que se imparta justicia y se castigue a infractores.
Se dice que algunas partes de la reforma, sobre todo las que tienen que ver con garantizar el sufragio de todo tipo de minorías, es positiva. En realidad, sin embargo, una lectura liberal del texto constitucional entraña que a todos estos grupos ya se les ofrecen sus derechos y garantías.
Lo que sí quedó fuera del proyecto son las pésimas ideas de que “el pueblo” debe elegir a los consejeros electorales, la desaparición de Organismos Públicos Locales Electorales, o la reducción drástica del número de diputados y senadores.
De cualquier manera, el Presidente ha sido derrotado tanto en la calle como en el Congreso. Con su plan B quiere salvar cara. Los ciudadanos tampoco le daremos ese gusto. El INE no se toca. Seguiremos marchando.
