En una República, la autoridad, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, debe entenderse como delegada. Es decir, en un orden republicano, el poder constituyente, que es la ciudadanía en su conjunto, delega cierta autoridad a un grupo de representantes para llevar a cabo las actividades propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Bajo esta óptica, no se puede decir, bajo ninguna circunstancia, que sea legítimo el traspaso de soberanía de los representados a sus representantes.
En el Federalista, número 78, Alexander Hamilton, deja claro que cualquier intento del presidente o del Poder Legislativo de actuar arbitrariamente contra la Constitución, entraña un acto de usurpación.
Ahora bien, en una democracia republicana, la letra y el espíritu de la Constitución es interpretada, en última instancia, por el Poder Judicial, muchas veces en contra de actos llevados a cabo por las otras dos ramas del poder federal.
Todo esto viene a cuento debido a que recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 9 votos de sus 11 integrantes, determinó la invalidez del decreto de reformas político-electorales que había sido aprobado por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022. Así, quedaron inválidas las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, debido a violaciones al procedimiento legislativo, en particular, al principio de deliberación informada y democrática.
La SCJN ha resuelto desde 2008 y, en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo no es meramente un formalismo, sino que es la esencia del actuar del órgano legislativo. Esto empata con el sentido común: no puede haber leyes racionales y razonadas que beneficien a la ciudadanía si los pros y contras de diversas iniciativas no se discuten abierta y democráticamente por el conjunto de los representantes de la ciudadanía. Cuando esto no sucede, estamos ante actos arbitrarios del poder que son antitéticos al espíritu de la democracia constitucional.
En el México posrevolucionario padecimos de esta gran deficiencia democrática, cuando la voluntad presidencial se imponía sobre la legislativa y las iniciativas de ley no eran discutidas por el Congreso. El reloj siempre marcaba las horas que quería el señor presidente.
Pensábamos que esos días ya habían quedado atrás. Sin embargo, con el arribo del obradorismo en 2018, las viejas prácticas volvieron, quizás ahora, con mayor fuerza.
Lo que parece estar haciendo una gran diferencia frente al pasado, es el poder y autonomía que ha obtenido el Poder Judicial en México en los últimos lustros. Pese a los ataques desde el púlpito presidencial, hoy esta autonomía debe ser protegida y promovida por la ciudadanía organizada. Y, aunque al parecer, el llamado plan B ha fracasado, el asedio contra la SCJN, la mayor salvaguarda que tiene nuestro orden constitucional, seguirá ocurriendo en los meses siguientes y, se acelerará, conforme nos acerquemos a la elección presidencial de 2024. Más nos vale que el Poder Judicial preserve su independencia de los otros poderes, y con ellos su capacidad plena como guardián de la Constitución. La República está en juego.
