El 6 de enero del 2021 debe considerarse una de las fechas más fatídicas en la historia política de Estados Unidos. Ese día, un nutrido grupo de simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron por la fuerza en el Congreso de Estados Unidos, amenazando con colgar al vicepresidente, Mike Pence. Su intención manifiesta era evitar que se anunciara oficialmente el triunfo de Joseph Biden en las elecciones presidenciales del 2020. El instigador directo de este nefasto episodio fue, el hasta ese momento, presidente Trump.
Pero esta fue sólo la acción más vistosa perpetrada por Trump con el propósito de invalidar el triunfo del Partido Demócrata. En efecto, antes y después del 6 de enero Trump incurrió en varios actos indebidos para mantenerse en el poder, cuyas consecuencias legales ya está enfrentando.
Llamarle tumultuosa a la carrera política de Donald Trump es un eufemismo. Se trata del primer presidente de Estados Unidos en haber enfrentado en dos ocasiones un proceso de impeachment y también el primer expresidente en ser acusado de cometer crímenes.
Los cargos que enfrenta son múltiples y son tanto de orden estatal como federal. Apenas recientemente la fiscalía en el estado de Georgia, después de dos años y medio de investigaciones, publicó un documento en el que se revela que existen 13 cargos contra el exmandatario estadounidense.
En este caso, la principal acusación contra Trump y algunos de sus colaboradores es haber engañado y amenazado a autoridades electorales del estado de Georgia para que estas cometieran fraude electoral en favor de Trump.
Se pensaría que un político que enfrenta esta situación estaría en desgracia. Pero ese no parece ser el caso. Varias encuestas colocan a Trump en un virtual empate con el presidente Joseph Biden. Las posibilidades de un triunfo de Trump en 2024 no son menores y tendrían un efecto desestabilizador, no solo en su país, sino en todo el mundo.
A pesar de eso, habla bien de las instituciones republicanas estadounidenses que intenten someter a la justicia a un expresidente, que muy probablemente sea culpable de uno o varios casos de los que se le acusa.
En particular, el sistema judicial se ha comportado de manera ejemplar y ha servido para lograr el principal objetivo de un régimen liberal: ponerle límites al poder ejecutivo.
Sin duda, las instituciones republicanas en Estados Unidos han probado su fortaleza y esas son buenas noticias para todos. La interrogante que se abre en nuestro país hacia el porvenir cercano es si ellas serán igualmente poderosas para impedir la consolidación de un régimen populista autoritario. Por lo pronto, parece que nuestro Poder Judicial ha tenido la virtud de cumplir con su responsabilidad y ha logrado que propuestas anticonstitucionales provenientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo no hayan prosperado.
De cualquier manera, esperemos que en 2024, México y Estados Unidos prefieran la senda republicana, democrática y liberal al camino populista, autoritario y tiránico.