Se podría decir que el liberalismo es un ejercicio de ecuanimidad y de paciencia. Su nacimiento histórico en el Renacimiento y su afianzamiento durante la Ilustración ocurrieron después de haber sacado importantes conclusiones sobre la naturaleza de la tiranía. Esta última siempre tiene prisa, incluso en su versión más benigna. En países como China, donde no existen instituciones republicanas que puedan limitar al Poder Ejecutivo, muchos proyectos -algunos de ellos faraónicos- se llevan a cabo de manera acelerada. Algunos son beneficiosos en el corto plazo, otros son dañinos en el corto y largo plazos. Lo que no hay es deliberación pública sobre su puesta en marcha. Ahora sabemos que China está expuesta a graves problemas estructurales debido, en buena medida, a problemas causados por la falta de deliberación ciudadana, que habría detenido proyectos imposibles, dañinos o impopulares.
La historia ha demostrado que, a pesar de su aparente lentitud, el procedimiento democrático, republicano y liberal, es el más capaz de promover las ideas y proyectos que generan mayor beneficios para la sociedad.
El populismo del siglo XXI es, entre otras cosas, una exasperación ante la parsimonia de las instituciones republicanas para decidir sobre asuntos de políticas públicas y de justicia.
Este desaforado deseo de transformar todo rápido -dictado muchas veces por falsas ideologías políticas- lleva directo a la tentación autoritaria de dictar en lugar de consultar, aunque el acto arbitrario se disfrace de mano alzada.
Vemos otra vez la puesta en marcha de esta forma de pensar y actuar con la reciente iniciativa por parte del grupo oficialista en el Congreso de aprobar una ley para evitar que ciudadanos puedan recurrir al Amparo con el propósito de defenderse ante leyes injustas e ilegales.
Hay que hacer notar que este nuevo intento por violar el derecho al Amparo forma parte de una estrategia para minar la legitimidad y la acción del Poder Judicial. Se hace -si le creemos a quienes lo promueven- en nombre de la voluntad popular expresada en la acción de las fuerzas mayoritarias en el Congreso. En última instancia lo que se desea es que las directivas aprobadas por mayorías en el Poder Legislativo se lleven a cabo sin la deliberación del Poder Judicial. La premura como imperativo. Esta estrategia no es nueva y ha estado presente casi desde el inicio del presente gobierno federal. La buena noticia es que no hay razón para pensar que este nuevo amague contra nuestro sistema de justicia vaya a tener éxito. Y esto es así porque derechos fundamentales como lo son el de la protección judicial ante actos arbitrarios no pueden conculcarse en un orden republicano, a no ser por el uso ilegítimo de la fuerza, que ciertamente sería un procedimiento por fuera del Estado de derecho. Afortunadamente no hemos llegado a esto todavía. Mientras pasa esta fiebre populista, corresponde seguir defendiendo a nuestro Poder judicial.
