En los próximos días, una mayoría artificial en el Congreso de la Unión planea aprobar una reforma a varios artículos de la Constitución con el fin de liquidar la infraestructura de cuerpos autónomos que han servido de contrapeso al Poder Ejecutivo.
Son muchos los organismos de este tipo que se quieren destruir. El gobierno argumenta razones presupuestales y de aumento de corrupción. En cuanto a lo segundo, aún estamos esperando las pruebas de ello. Con la prensa que existe en México, siempre interesada en dar a conocer casos de corrupción, es extraño que no haya habido un sólo caso en el desempeño de las funciones de de estos organismos. En cuanto a lo primero, la supuesta onerosidad de los cuerpos autónomos es un mito. Por ejemplo, se ha dicho que con lo que se va a ahorrar en su gasto -unos 5 mil millones de pesos- se podría aumentar el monto de pensiones. Sin embargo, de acuerdo con Citibanamex, este monto apenas cubriría el 1.46 por ciento del costo de pensiones. Y lo haría además por una y única vez. Comparemos esto, por ejemplo, con las aportaciones de capital de deuda de Pemex en 2024, que alcanzan aproximadamente 170 mil millones de pesos. Está suma, para que vean, sí sería suficiente para financiar durante un año el sistema de pensiones en México.
Pero si no es ni corrupción ni austeridad, ¿qué es lo que ha llevado al régimen a insistir en la liquidación de los cuerpos autónomos con la vehemencia propia de una causa justa?
La respuesta no puede ser sino que estos limitan el poder del Ejecutivo cuando este intenta, de diversas maneras, abusar de él. La respuesta no puede ser sino que estos organismos autónomos contribuyen a mejorar la eficiencia de la burocracia que es parte del poder Ejecutivo. Y sabemos que, de acuerdo con la ideología del oficialismo, la eficiencia no es necesariamente una virtud. La respuesta no puede ser más que estos cuerpos independientes contribuyen a que las zonas oscuras del poder gubernamental sean transparentadas en beneficio de la sociedad. La respuesta no puede ser más que el proyecto del régimen que nos gobierna es uno fundado en el autoritarismo que ha decidido, por razones en última instancia insondables, no someterse al escrutinio crítico de la ciudadanía.
La respuesta no puede ser más que el gobierno actual ha decidido que el Estado de derecho no se les debe aplicar a ellos y que todos debemos aceptar el despotismo como forma de gobierno y como forma de vida.
Pero, además, la lógica política del gobierno está equivocada. Según ellos no se necesitan organismos autónomos porque el Estado se puede autorregular, fiscalizar y auditarse. La experiencia y la razón sugieren que lo intereses creados dentro del propio Estado hacen prácticamente imposible su autorregulación. Lo que se pretende a todas luces es la consolidación de un Estado autoritario sin límites a su acción. La definición de tiranía.
