Gustavo de Hoyos Walther

Ciudadanos desamparados

Seamos claros: se les está privando a muchos ciudadanos de la capacidad de ampararse ante posibles medidas arbitrarias por parte del poder. Lo que se produce con esto son ciudadanos desamparados.

De acuerdo con Morena y grupos anexos, las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional tienen como objetivo proteger la supremacía de la Constitución. Esto es una evidente falacia. Realmente estas iniciativas tienen como única finalidad impedir la revisión judicial de leyes que pudieran ser inconstitucionales.

El hecho de que no se considere, por ejemplo, el principio de progresividad de los derechos humanos nos da cuenta de las intenciones más bien antidemocráticas de la propuesta oficialista.

Con esta reforma se busca imponer la arbitrariedad de decisiones tomadas a las que no se da oportunidad de apelación. Hay un nombre para esta práctica: tiranía.

Seamos claros: se les está privando a muchos ciudadanos de la capacidad de ampararse ante posibles medidas arbitrarias por parte del poder. Lo que se produce con esto son ciudadanos desamparados. Lo contrario de lo que debe ser.

El origen de estas reformas está en la irritación del gobierno ante el hecho de que jueces y juezas hayan ordenado - a través de sentencias y suspensiones con efectos generales - que varias iniciativas del régimen que afectan, de una u otra manera, el bienestar de la ciudadanía hayan sido detenidas. Una y otra vez los ministros actuaron para proteger derechos ciudadanos a la salud, al medio ambiente limpio, a la protección de datos personales, a la autonomía del poder judicial, al libre intercambio de mercancías y servicios, a un gobierno civilista y no militarista.

Hay dos temas específicos planteados por las iniciativas: la improcedencia de acciones y controversias constitucionales en contra de reformas y adiciones a la Constitución, y la limitación de los efectos generales de las sentencias de amparo.

Respecto al primer tema, es curioso que haya sido el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2016 haya presentado una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de reforma constitucional que transformó al Distrito Federal en la Ciudad de México. En ese entonces, el expresidente López Obrador argumentó contundentemente que la Suprema Corte sí era competente para conocer de su acción de inconstitucionalidad.

El doble rasero es evidente.

De acuerdo con la doctrina política que el oficialismo busca hacer hegemónica, el poder constituyente - se refieren, en particular, al poder legislativo - es absolutamente soberano en la aprobación de leyes y reformas a la Constitución. Pues bien, en 2016, López Obrador argumentó que “el Poder Constituyente constituido vulneró el principio de paridad de género en la postulación, registro y acceso a los cargos de diputados y diputadas constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México”. Una vez más: la incongruencia es evidente.

Lo mismo sucede con la limitación de los efectos generales de las sentencias de amparo. Limitar los efectos de los juicios de amparo en donde se reclamen normas generales elimina los grandes avances que se han hecho para reconocer el interés legítimo de las asociaciones defensoras de derechos humanos en los juicios de amparo. No olvidemos que, gracias a ello, hemos tenido precedentes que han corregido leyes discriminatorias, como aquellas que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo o aquellas que castigaban penalmente a las mujeres por ejercer su derecho a la interrupción del embarazo.

Sin duda alguna, el perjuicio que causará la aprobación de estas iniciativas será resentido por los sectores más vulnerables de la sociedad: niños enfermos, comunidades indígenas y otros grupos sojuzgados en nuestra sociedad. Hay que repetirlo: No se trata de una iniciativa contra los poderosos - que siempre encuentran maneras de defenderse - sino contra los débiles, que carecen de recursos para contratar buenos abogados.

A la Supremacía del Poder Constituyente, siempre arbitrario y dictatorial, opongamos la Supremacía Constitucional, siempre dispuesta a proteger a las minorías, a través del estado de derecho y de prácticas como las controversias constitucionales y el amparo. En síntesis: no queremos ciudadanos desamparados.

Gustavo  de Hoyos Walther

Gustavo de Hoyos Walther

Abogado y Diputado Federal.

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