WASHINGTON, DC.− El gobierno mexicano quiere poner el tráfico de armas en el centro de la conversación con Estados Unidos. La demanda del gobierno contra los fabricantes de armas en EU tiene tres dimensiones: legal, política y mediática. En relación a la primera, como lo han comentado muchos analistas, la probabilidad que el gobierno gane la demanda legal es muy baja. Aun suponiendo que fuera admitida y que ganara en las dos primeras instancias en las cortes (liberales) de Massachussets, es difícil pensar que lo haría en la Suprema Corte (conservadora) de los Estados Unidos, donde seguramente terminaría.
Paso ahora a la dimensión política y mediática; muchos afirman que, en estos frentes, pase lo que pase con el resultado legal, México ya ganó. No es así. El gobierno mexicano ha cometido un error de cálculo, exhibiéndose y vulnerabilizándose al presentar esta demanda en carácter propio en vez de dejar que lo presentaran las miles de familias que han perdido hijos, hermanos y padres, víctimas del crimen organizado (receptores de estas armas) a través de demandas colectivas o bien específicamente familiares en donde claramente se podría identificar a los responsables (por ejemplo en la operación Rápido y Furioso). Al presentarla a título propio, el gobierno de México asume el riesgo que una vez iniciado el juicio la defensa exhiba la corrupción no solo en las aduanas, sino en muchas otras instituciones gubernamentales en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Aquí la defensa tiene mucha tela de donde cortar.
Como dije, la estrategia debería haber sido que los demandantes fueran los directamente afectados. El gobierno mexicano no entiende la cultura de EU. Para el pueblo estadounidense, la historia, el testimonio de una persona, de una familia, es mucho más contundente que la posición de un gobierno. Mediáticamente esto ayudaría mucho a la causa. Nada más poderoso que una imagen de una madre cargando a su hijo junto al cuerpo de su padre abatido por el crimen organizado con armas proveídas por fabricantes norteamericanos. Como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Esta escena aparecería en primeras planas de diarios norteamericanos y le daría la vuelta al mundo. Por eso en EU tienen éxito las demandas colectivas.
En cambio, dado que el demandante es el gobierno de México, la defensa podrá llamar a mexicanos convictos en cárceles estadounidenses para testificar sobre sobornos. También podrían poner en el banquillo a funcionarios públicos, periodistas y académicos, en esto México lleva todas las de perder. La situación podría revertirse mediáticamente al ver exhibidos casos de corrupción, ineficiencia, impunidad, tráfico de drogas, entre otros.
La defensa también podrá utilizar ‘otros datos’ como por ejemplo (uno de muchos) evidencia que las armas de fuego importadas legalmente de EU se han utilizado en graves violaciones de derechos humanos. Los policías locales involucrados en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa estaban armados con rifles AR6530, una variante modelo del AR-15, suministrados legalmente a través de cargamentos con licencia de Colt, según documentos en el expediente judicial. Otro dato: más de 20 mil armas de fuego de policías estatales y federales desaparecieron o fueron robadas en varios años, según los propios registros de la Sedena (The Intercept, Abril 26, 2018). ¿Y las armas de Los Zetas?
Para poder entender culturalmente a EU y México, no es suficiente ser bilingüe, lo que se requiere es ser bicultural. Como lo he dicho decenas de veces, México no tiene presencia política real en Washington, entendida ésta por mexicanos que vivan y estén integrados a la sociedad, así como aquellos que han vivido muchos años en EU y que ya son parte de la cultura norteamericana.
Sigo con el tema en mi siguiente columna.