El día de ayer, domingo 26 de febrero, decenas de miles de personas salieron a las calles por todo el país, principalmente en la Ciudad de México, para protestar en contra de las leyes que se considera debilitan el Instituto Nacional Electoral (INE). La razón de esta marcha es la preocupación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vote a favor del llamado plan B, que implica un drástico recorte en el presupuesto del INE. Algunos cálculos indican que se traduciría en 6 mil despidos, eliminación de juntas distritales encargadas de realizar en el terreno la preparación, organización y celebración de elecciones, entre otras, que debilitarían en forma importante la capacidad de este organismo para garantizar la transparencia de los procesos electorales. Esta medida es altamente cuestionable y ha sido denunciada por diversas organizaciones y ciudadanos como un intento de socavar la independencia y autonomía del INE.
Las perspectivas de que la SCJN vote en contra del plan B son inciertas. A diferencia de EU que requiere mayoría simple, en México se necesitan al menos ocho votos (de 11) en contra, para que la medida sea rechazada. Hay dudas sobre la capacidad de la SCJN para actuar con independencia y defender el interés público. Por otra parte, algunos creen que la presión internacional podría ser una solución para evitar que el gobierno mexicano debilite las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Sin embargo, esto también parece poco probable en el contexto actual.
Estados Unidos, uno de los principales aliados de México, están enfrentando una serie de desafíos internos y externos que está limitando su capacidad para intervenir en la política interna de otros países. La actual administración del presidente Biden se ha centrado en abordar la crisis de la pandemia, la recuperación económica y la crisis migratoria en la frontera sur.
Por lo tanto, aunque ha habido muchas voces que han denunciado la situación en México y la erosión de la democracia, es poco probable que EU intervengan directamente. Hay indicios como el caso de García Luna, la visita del presidente Biden, entre otros gestos de ‘buena voluntad’, que más bien indican una búsqueda de relaciones que garanticen que México siga apoyando la política migratoria estadounidense, impidiendo el paso de migrantes y aceptando aquellos que son devueltos a territorio mexicano. A esto, sumarle medidas más restrictivas que las que había impulsado Trump, recientemente propuestas por Biden, inhibiendo a cualquier persona a pedir asilo si llega a Estados Unidos pasando por un tercer país.
En este contexto, que la presión estadounidense se percibe poco probable, es aún más importante que los ciudadanos y organizaciones mexicanas se movilicen y defiendan la democracia. La independencia del INE y su capacidad para organizar elecciones libres y justas son fundamentales para la estabilidad y la gobernabilidad del país. Además, es esencial que las voces críticas dentro y fuera de México sigan hablando y denunciando cualquier medida que amenace la democracia y el Estado de derecho.
Las imágenes del Zócalo de la Ciudad de México son esperanzadoras, una parte importante de la ciudadanía está alerta. Sin embargo, no me queda claro que esto sea representativo del sentir ciudadano de los mexicanos en Chiapas, Veracruz o Guerrero, entre otros. Nos guste o no nos guste, López Obrador también representa una ruptura con el sistema político tradicional que había ignorado a una parte importante de la población y que con AMLO se sienten representados y con voz. Si la alternativa política a López Obrador serán más políticos tradicionales, con los mismos valores, colores y sabores de siempre, la población seguirá apoyando a AMLO (y a quién él designe) y en ese contexto, las instituciones tendrán menor peso ante un número importante de votantes. ¿Se rescatará al INE? Está por verse.