El término de un sexenio siempre trae consigo un período de ajuste de cuentas, tanto para aquellos que durante el mandato ejercieron el poder como para quienes lo padecieron. López Obrador, no es diferente. Si bien algunos de sus objetivos seguramente merecían enfrentar la justicia, otros no. La forma en que se manejaron los casos de estos últimos deja un sabor amargo y abre la puerta a futuras venganzas. La política, después de todo, rara vez olvida y menos perdona.
Durante este sexenio, hemos sido testigos de cómo algunas facturas políticas se cobraron con vehemencia. A medida que el gobierno de López Obrador se acerca a su fin, aquellos que fueron blanco de estas acciones están comenzando a mover sus fichas. Tanto los que fueron justamente acusados, que podrían sentirse agraviados por el trato recibido, y aquellos injustamente perseguidos, que después de un humillante proceso ni siquiera recibieron un ‘usted disculpe’. Estas personas, tanto en México como en Estados Unidos, están preparando el terreno para su revancha, una que podría alcanzar no solo al gobierno sino también a sus allegados e incluso familiares. Como escribí recientemente, el presidente Biden promulgó la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (o FEPA, por sus siglas en inglés) que ahora tipifica como delito cualquier funcionario extranjero, incluido cualquier empleado de un gobierno extranjero o cualquier alto funcionario actual o anterior de las ramas ejecutiva, legislativa, judicial o militar o cualquier familiar inmediato o asociado cercano que acepte un beneficio de una empresa estadounidense o de cualquier persona.
Casos como el de Rosario Robles, quien fue encarcelada por tres años, ahora exonerada o como el exprocurador Jesús Murillo Karam o Juan Collado, a los que también les dieron prisión preventiva oficiosa y de tantos otros, destacan un patrón de lo que algunos describen como uso político de la justicia. Esta estrategia de ‘cobro de cuentas’ ha planteado dudas sobre la imparcialidad y el uso de entidades estatales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se sabe inventó acusaciones. Ahora, al final de su mandato, López Obrador enfrenta un escenario donde las ‘facturas políticas’ comienzan a presentarse, evidenciado por acusaciones que emergen incluso contra sus allegados y figuras antes intocables, como el expresidente de la Corte, Zaldívar.
La estrategia de López Obrador de invitar a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción está por empezar no solo en México sino también en los Estados Unidos. Con cada día que pasa y cada gramo de poder que se disipa, aumentará el número de denuncias. Estas acusaciones, que se cocinaban en privado, ahora comienzan a ver la luz pública, filtrándose en los medios de comunicación y preparando el escenario para un final de sexenio marcado por el escándalo y la controversia. Como se sabe, el Sovereign District of New York, que es el apodo coloquial que se refiere a la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York por su reputación e independencia percibida, puede comenzar un caso con tan solo una acusación de un testigo protegido.
El incremento de la inseguridad en México sugiere otra dimensión preocupante. ¿Hasta qué punto esta situación se debe a que el presidente ha estado más enfocado en ‘cobrar deudas’ políticas que en asegurar la gobernanza efectiva y la seguridad de sus ciudadanos? ¿Hasta dónde este desvío de atención ha exacerbado estos problemas?
López Obrador ha tomado algunas decisiones necesarias, otras perjudiciales y, muchas muy controvertibles e ilegales. A semejanza de lo que ocurrió con Hugo Chávez, en Venezuela, estas decisiones dejarán una huella profunda en el tejido político y social de México. Ahora, con el final de su sexenio a la vista, empieza el inevitable proceso de rendir cuentas, sobre todo de sus allegados.
Esta columna se retomará el 17 de junio.