En el marco de la pretendida reforma al Poder Judicial en México, nos encontramos ante una situación alarmante que pone en grave riesgo los principios fundamentales de la división de poderes y la independencia judicial. Esta reforma, en apariencia orientada hacia una mayor transparencia y participación ciudadana, oculta en su esencia un peligroso intento de centralización del poder, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la democracia y el Estado de derecho en nuestro país.
La reforma, que incluye medidas como la elección popular de jueces y magistrados, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la creación de nuevos órganos administrativos y de disciplina judicial, plantea serias amenazas a la independencia y a la imparcialidad del Poder Judicial. La elección popular, en particular, es un arma de doble filo que, lejos de empoderar a la ciudadanía, podría politizar la justicia, someter a los jueces a presiones externas y a los caprichos del electorado y de grupos de interés.
Uno de los principios más sagrados de cualquier sistema democrático es la independencia del Poder Judicial. La justicia debe ser ciega, imparcial y libre de influencias políticas. Sin embargo, al permitir que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, se abre la puerta a la politización de la justicia. Los jueces, en su afán de ser electos o reelegidos, podrían verse tentados a adoptar posiciones populistas en lugar de aplicar la ley de manera estricta y objetiva. La necesidad de hacer campaña electoral expone a los candidatos a influencias indebidas y presiones por parte de financiadores y grupos de interés, comprometiendo así su imparcialidad.
Además, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, aunque suene a primera vista como una medida para garantizar la rendición de cuentas, podría convertirse en un mecanismo de control sobre los jueces, limitando su libertad y su capacidad de tomar decisiones de manera independiente. Esta nueva estructura de control amenaza con transformar el Poder Judicial en un órgano subordinado a los intereses políticos del Ejecutivo y Legislativo, erosionando su capacidad de actuar como un contrapeso efectivo en el sistema de división de poderes.
La politización de la justicia no solo compromete la independencia de los jueces, sino que también puede afectar la calidad de las resoluciones judiciales. La necesidad de ganar el favor del electorado podría llevar a una justicia más populista y menos técnica, afectando la profundidad y el rigor del análisis judicial. Las decisiones apresuradas, influenciadas por el deseo de complacer a la opinión pública, podrían resultar en fallos injustos y en una disminución de la confianza pública en el sistema judicial.
La reducción del número de ministros de la SCJN y la eliminación de sus salas, concentrando todo en sesiones públicas y plenarias, también plantea problemas significativos. Esta medida podría aumentar la carga de trabajo de los ministros, afectando la eficiencia y la calidad en la resolución de los casos. La administración de justicia requiere de un equilibrio entre transparencia y eficiencia, y cualquier alteración en este equilibrio puede tener consecuencias negativas.
En este contexto, las afirmaciones y acusaciones del exministro Arturo Zaldívar adquieren una relevancia especial. Zaldívar ha señalado que “el Poder Judicial, bajo la presidencia de la Ministra Piña, ha tomado un rumbo de confrontación y participación política, alejándose de su deber de neutralidad y actuando en favor de intereses políticos específicos”. Según Zaldívar, “esta politización ha llevado a una pérdida de legitimidad y confianza por parte del pueblo mexicano, quien percibe al Poder Judicial como un instrumento de las élites y los poderosos”.
Zaldívar también ha destacado “que la propuesta de elección popular de jueces y magistrados no es un asunto nuevo, sino que ha sido promovido por el presidente López Obrador desde hace más de un año”.
Estas afirmaciones, falaces e incisivas, a las que he hecho referencia, golpean a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y transgreden la legitimidad del Poder Judicial federal. Por lo que, su implementación en el contexto actual, con un Poder Judicial ya debilitado y cuestionado, podría agravar aún más la situación, consolidando una estructura judicial susceptible a las influencias políticas y alejándose del ideal de imparcialidad y justicia.
La reforma al Poder Judicial de 2024 representa un ataque frontal a los principios de independencia y división de poderes que son fundamentales para el Estado de derecho. Al comprometer la autonomía del Poder Judicial y permitir su politización, se erosiona uno de los pilares esenciales de nuestra democracia. La justicia, para ser efectiva y confiable, debe ser independiente y ajena a las presiones políticas y económicas. Cualquier reforma que ponga en riesgo estos principios debe ser objeto de una profunda reconsideración.
La reducción de salarios y la eliminación de pensiones vitalicias para los ministros de la SCJN, aunque justificadas bajo una política de austeridad, también podrían tener efectos adversos. Estas medidas, si bien buscan la equidad y la reducción de privilegios, podrían desincentivar la entrada de profesionales altamente capacitados al Poder Judicial, afectando la calidad y la competencia de nuestros jueces y magistrados.
Es imperativo que la ciudadanía y los actores políticos comprendan la gravedad de esta reforma y sus posibles repercusiones. La independencia judicial no es un lujo, sino una necesidad para garantizar una justicia equitativa y efectiva. La politización de la justicia y la centralización del poder representan un retroceso para nuestra democracia y deben ser detenidas.
La reforma al Poder Judicial debe ser reevaluada con una perspectiva que priorice la independencia y la imparcialidad de la justicia. Solo así podremos asegurar que nuestro sistema judicial siga siendo un estandarte de la legalidad y la equidad, y no un instrumento al servicio de intereses políticos.
En conclusión, la reforma al Poder Judicial de 2024, en su forma actual, representa un grave peligro para la independencia judicial y la división de poderes en México. Es crucial que todos los mexicanos tomemos conciencia de estos riesgos y defendamos un Poder Judicial autónomo y libre de influencias políticas, para garantizar una justicia verdaderamente imparcial y equitativa.
Esta columna busca abrir los ojos del público y de los legisladores, pero, también, quisiera invitar a mis colegas abogados litigantes, aquellos, viejos y jóvenes, amantes de la justicia; ello para que todos levantemos la voz sobre los peligros que representa esta reforma. La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia, y su erosión podría tener consecuencias irreversibles para el Estado de derecho en México ¡Es momento de actuar y defender la autonomía de nuestro Poder Judicial!