Hoy quiero compartir un pensamiento que me invade todos los días. Lo hago porque creo que la gente, en su mayoría, no entiende la gravedad de lo que enfrentamos como nación.
¿Qué pensamos del Congreso de la Unión? Basta con escuchar las discusiones en la Cámara de Diputados para darnos cuenta de que presenciamos un espectáculo grotesco. He oído, por ejemplo, las participaciones de personajes como Gerardo Fernández Noroña, en su momento, o los espectáculos de la diputada María Clemente García Moreno. Para muchos, lo que ocurre en el Congreso no es más que una comedia.
En los medios y redes sociales, abundan los videos de estas sesiones convertidos en ‘memes’. Sin embargo, a mí no me causan gracia; me producen una profunda tristeza. ¿Nos hemos detenido a pensar que esos mismos personajes, protagonistas del ridículo, son quienes crean las leyes que rigen nuestro país?
El Congreso de la Unión, en su mayoría, está compuesto por individuos que se presentan como payasos, exhibiéndose y haciendo el ridículo. No todos los diputados y senadores encajan en esta descripción, pero la mayoría sí lo hace, y eso es alarmante.
Ahora bien, pensemos en los presidentes. ¿Qué se ha dicho del expresidente Enrique Peña Nieto? Fue material principal para los ‘memes’ por sus tropiezos verbales y errores de protocolo. Sin embargo, ese hombre contribuyó al hartazgo del pueblo, dejando el camino libre para que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder.
Del presidente López Obrador, no es necesario profundizar demasiado; las evidencias hablan por sí solas. Basta con buscar la palabra ‘demagogia’ en el diccionario para entender lo que muchos pensamos de él.
Pero hoy quiero recordar algo que a menudo olvidamos: en México, como en la mayoría de las democracias, contamos con tres poderes fundamentales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estos tres poderes existen para garantizar la ‘División de Poderes’, un principio esencial en cualquier Constitución que aspire a preservar la democracia.
La División de Poderes, el Constitucionalismo y la Democracia son pilares que sostienen un sistema de pesos y contrapesos. Este sistema es vital para impedir que el poder se concentre en unas pocas manos y se convierta en una herramienta de autoritarismo.
Desde 1857, nuestra Constitución establece que la soberanía nacional pertenece al pueblo, y esto se reafirma en los artículos 39 y 40 constitucionales. La división de poderes busca separar las funciones del gobierno en tres entes, para evitar la concentración del poder y garantizar la independencia y el equilibrio entre ellas.
Primero, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, tiene la responsabilidad de administrar y ejecutar las leyes.
Segundo, el Poder Legislativo crea, modifica y deroga leyes a través de un proceso formal. Este poder reside en el Congreso de la Unión, representado por las cámaras de Diputados y Senadores.
Y tercero, el Poder Judicial interpreta, aplica las leyes y defiende la Constitución, resolviendo disputas y protegiendo los derechos de los ciudadanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima autoridad dentro de este poder.
Nuestra Constitución ha sostenido este sistema para prevenir el abuso de poder, garantizar la imparcialidad de los jueces y proteger los derechos humanos. Sin embargo, estos logros se ven amenazados cuando dos o más poderes del Estado se concentran en un solo individuo o corporación.
Cuando hablamos de una ‘persona’ con demasiado poder, nos referimos, por ejemplo, al presidente López Obrador. Y cuando hablamos de una ‘corporación’ que concentra el poder, pensamos en el partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Es un hecho que la próxima presidenta de México será Claudia Sheinbaum Pardo, quien pertenece a Morena y es muy cercana al actual presidente. También es un hecho que el Congreso de la Unión cuenta con una mayoría calificada en favor de ese partido político.
Con este panorama, no es sorprendente que Morena y el presidente tengan tanta prisa en llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es el único que ha mostrado resistencia frente a esta creciente tiranía. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, ha defendido la independencia del Poder Judicial, resistiéndose a caer en la demagogia del actual gobierno.
Permítanme ilustrar las posibles consecuencias con un ejemplo:
Supongamos que, mañana, el presidente presenta al Congreso una iniciativa de ley para prohibir la propiedad privada, como ocurre en regímenes comunistas. Esa ley pasa al Legislativo, que en su mayoría apoya al partido en el poder, se aprueba y el presidente la promulga. Se publica y entra en vigor.
¿Qué podemos hacer jurídicamente ante una situación como esta? Podríamos impugnar la ley, recurrir al juicio de amparo u otro recurso previsto por nuestras leyes, dependiendo del caso específico del accionante.
Pero, ¿quién resolvería esos procedimientos? ¿Quién podría restaurar los derechos vulnerados? La respuesta es el Poder Judicial.
El Poder Judicial es, hoy por hoy, el único ente público en México que tiene la capacidad y el coraje de enfrentarse al autoritarismo. Pero si se aprueba la reforma al Poder Judicial que tanto ansía el gobierno, este ejemplo no será simplemente un escenario hipotético, sino una realidad.
No nos engañemos. Esta reforma busca que personas sin preparación, pero con popularidad, sean nuestros futuros jueces, magistrados y ministros. Si se implementa, no se sorprendan si, en el futuro, escuchan nombres como ‘el ministro Cuauhtémoc Blanco’ o ‘la ministra Ana Gabriela Guevara’. Con el precedente de fiscales que obtienen títulos en un día, nada de esto resulta descabellado.
Por eso, invito a los mexicanos a tomar conciencia, a ejercer sus derechos, a manifestarse y a unirse a la resistencia.
Yo, por todo lo anterior, apoyo al Poder Judicial.