La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, dio a conocer a través del secretario de Seguridad Pública, licenciado Omar García Harfuch, el diseño de una Estrategia Nacional de Seguridad. Esta genera una serie de reflexiones y preocupaciones en nuestra sociedad, particularmente en aquellos que nos encontramos comprometidos con la defensa del Estado de derecho.
Aunque el discurso oficial subraya la continuidad de la famosa política de su predecesor, que para combatir la criminalidad se basa en la atención de las causas, la realidad es distinta: la militarización de la seguridad pública no solo continúa, sino que se está consolidando bajo un esquema de centralización de poder que pone en riesgo la democracia y el derecho en nuestro país.
La creación de la Guardia Nacional y su integración a la Secretaría de Defensa Nacional ha sido una transformación profunda y controversial en el ámbito de la seguridad. Aunque se dijo que este cuerpo estaría compuesto por civiles, desde su origen ha estado formado principalmente por elementos militares. La nueva estrategia refuerza a la Guardia Nacional, otorgándole tareas de seguridad e investigación del delito, lo que representa una militarización disfrazada que desplaza a las fuerzas civiles.
En lugar de fortalecer las instituciones de justicia y seguridad ciudadana, se otorga más poder a los militares, lo que contradice los principios de una democracia constitucional. El riesgo es evidente: este enfoque centraliza el control sobre áreas que deberían estar en manos de autoridades civiles.
Así, entonces, una de las cuestiones principales del tan escuchado discurso de Morena en su tan tibia política para perseguir el delito, como ya se mencionó; es decir, se mantiene la supuesta prioridad de combatir la violencia con “causas sociales”, como lo son la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, se omite tener en cuenta que este enfoque tiene una doble intención, pues se ha venido desmoronando dentro de la realidad que se vive.
No obstante, las acciones del gobierno federal contradicen esta narrativa, pues en estados como Sinaloa, Chiapas y Guerrero, la violencia continúa creciendo, muy a pesar del aumento de presencia militar. Ejemplos sobran, pero sirve para ello hablar sobre el reciente asesinato del alcalde de Chilpancingo, el cual deja claro que las soluciones y estrategias de fondo aún no se implementan. Por tanto, es posible concluir que lo que tenemos es un uso selectivo y oportunista de esta supuesta retórica “pacifista”, mientras los hechos dejan claro que la fuerza militar dentro de la Guardia Nacional, erróneamente aplicada, lejos de contener la violencia, irónicamente, la está aumentando.
Otro aspecto preocupante es el uso de inteligencia para prever delitos mediante la identificación de patrones. Este enfoque puede rozar peligrosamente con el derecho penal del autor, que castiga a las personas por lo que son o podrían ser, en lugar de por los hechos concretos que han cometido, lo que podría conducir a violaciones de derechos humanos.
Un punto positivo de la estrategia es la coordinación entre instituciones, pero esta solo será efectiva si estas instituciones mantienen su independencia. De lo contrario, se convertirán en mecanismos de control centralizado que solo responderán a los intereses del poder. La independencia del Poder Judicial y la Fiscalía es crucial para asegurar una justicia imparcial, pero las recientes reformas apuntan hacia una preocupante centralización del poder.
El verdadero problema sigue siendo la impunidad. La militarización no resolverá este problema, sino que lo agravará, al desviar la atención de las verdaderas soluciones: un ministerio público fortalecido, policías capacitadas y un sistema de justicia eficiente. En lugar de recurrir a la fuerza militar, necesitamos un enfoque basado en transparencia, inteligencia y el fortalecimiento de las instituciones civiles.
Es momento de preguntarnos si esta es la estrategia correcta para México. Debemos exigir transparencia, independencia y respeto por nuestras instituciones para construir un futuro donde el Estado de derecho prevalezca.