En México, hablar de justicia evoca imágenes de corrupción, impunidad y desesperación. Sin embargo, rara vez se aborda la realidad de quienes más sufren: las víctimas.
Aunque la ley reconoce varios derechos para las víctimas y los ofendidos, en la práctica pocas personas los conocen y aún menos los ejercen. Esto se debe a que las autoridades, en lugar de facilitar la justicia, suelen obstaculizarla al no informar ni orientar adecuadamente a quienes han sufrido un delito.
Este problema se agrava por un sistema de justicia sobrecargado y politizado, dejando a millones en el abandono y la indefensión. El Ministerio Público, encargado de investigar y proteger el interés público mediante la persecución del delito, suele fallar en sus responsabilidades. La falta de atención y la omisión en informar a las víctimas afectan su labor principal: representar y proteger tanto a la sociedad como a las víctimas.
La Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales otorgan a las víctimas un papel activo en los procesos judiciales, con derecho a ser escuchadas, participar en audiencias, aportar pruebas y ser informadas del estado del caso. Incluso, pueden impugnar las decisiones del Ministerio Público ante un juez. Sin embargo, estos derechos son inútiles si las víctimas no los conocen o no pueden ejercerlos por falta de apoyo.
El Ministerio Público debe asumir su deber no solo de tomar denuncias, sino de orientar y acompañar a las víctimas durante todo el proceso. Lamentablemente, muchas denuncias se ignoran o integran mal, perpetuando la impunidad.
Por ello, quiero informar a los lectores sobre los derechos fundamentales que pueden exigir ante el Ministerio Público:
Trato digno y respetuoso: Las autoridades deben atender cualquier denuncia sin retrasos y con empatía. Exigir justicia no es pedir un favor.
Información sobre sus derechos. Desde el primer contacto, las víctimas deben ser informadas sobre sus derechos y cómo ejercerlos, incluyendo acceso a asesoría jurídica gratuita y la posibilidad de participar en el proceso.
Protección de su integridad. El Ministerio Público debe aplicar medidas de protección si la víctima corre peligro y las víctimas pueden solicitarlas cuando lo necesiten.
Actualización sobre la investigación. Las víctimas tienen derecho a recibir información continua sobre los avances del caso para evitar la incertidumbre.
Reparación del daño. La justicia debe priorizar la reparación del daño mediante compensación o mecanismos alternativos que resarzan los daños sufridos.
Lamentablemente, estos derechos pocas veces se respetan debido a la falta de recursos, la saturación del sistema y la corrupción. El Ministerio Público, en lugar de ser un aliado, suele convertirse en un obstáculo, revictimizando a las personas. Las estadísticas del INEGI muestran que más del 90% de los delitos quedan impunes, y muchas víctimas prefieren no denunciar por miedo a represalias o desconfianza en las instituciones. Quienes lo hacen enfrentan burocracia, negligencia y corrupción. En casos graves, como feminicidios o desapariciones forzadas, la falta de acción de las autoridades erosiona aún más la legitimidad del sistema.
El problema se agrava cuando la justicia se politiza, pues las víctimas se convierten en piezas de juegos de poder, y tanto la verdad como la reparación del daño pasan a un segundo plano. Reformas recientes, como la del Poder Judicial, y los conflictos dentro de las fiscalías, tanto de la General de la República como de los estados y de la Ciudad de México, lamentablemente revelan una justicia selectiva que parece proteger más al agresor que a la víctima.
Es urgente recuperar la confianza en el sistema de justicia, lo cual solo será posible restableciendo el Estado de derecho. Sin embargo, esto parece cada vez más lejano. La justicia no empieza en los tribunales, sino en la primera puerta que toca una víctima en busca de ayuda: la del Ministerio Público.
Ya veremos.