Todo aquello relacionado con el rancho o centro de exterminio hallado en Teuchitlán, Jalisco, es una prueba contundente e innegable de la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en México. No se trata de un hecho aislado, sino que nos encontramos ante la evidencia más lastimosa de la inexistencia del Estado de derecho en nuestro país, de que nuestro territorio está plagado de corrupción y de que existe una política criminal que nos ha dejado a merced de la delincuencia.
Yo me pregunto: ¿cómo es posible que las autoridades municipales, estatales y federales no hayan advertido lo que sucedía en ese centro de exterminio y de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)? ¿Cómo puede ser que un rancho así opere durante años como campo de concentración para personas desaparecidas, privadas de la libertad y personas reclutadas forzosamente, sin que nadie haga nada? La respuesta es sencilla: negligencia, complicidad y/o temor.
Este rancho, ubicado en Teuchitlán, fue encontrado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo de 2025, no así por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco ni por las policías estatales ni por la Fiscalía General de la República ni por la Guardia Nacional. El centro de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, se encontró, nada más y nada menos, que por madres, hermanos, hijos y demás familiares de las personas desaparecidas, mismos que tuvieron que enfrentarse a imágenes insólitas de crematorios subterráneos, montañas de zapatos, restos calcinados e identificaciones tiradas de aquellos cuya vida fue arrebatada por la delincuencia organizada.
En cualquiera de los casos, lo que más indigna es que el rancho, supuestamente, ya había sido intervenido en septiembre de 2024, cuando las autoridades “rescataron” a dos personas privadas de la libertad y detuvieron a diez personas presuntamente responsables. ¿Qué hicieron las autoridades? Nada, no hicieron nada, no aseguraron el inmueble, no hicieron búsquedas o inspecciones para identificar indicios del delito. Las autoridades, como es costumbre, prefirieron mirar hacia otro lado y esperar que el tiempo resultara en la indiferencia de los mexicanos.
¿Dónde estaba la Fiscalía General de la República? La institución encargada, por mandato de ley, de la persecución de la delincuencia organizada falló, otra vez, en su deber de garantizar justicia. Reitero, como se ha vuelto costumbre, la Fiscalía General de la República optó por la inacción.
Este es, precisamente, el resultado de una política criminal equivocada, fallida y mal implementada desde el principio. La estrategia de “abrazos, no balazos” es un error garrafal que la historia reclamará por siempre del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se trató de una política de paz, sino de un sometimiento directo ante la delincuencia organizada. Ello permitió que los grupos de delincuencia organizada crecieran, se apoderaran de regiones enteras y consolidaran su poder, mientras el gobierno federal negaba la crisis de violencia con discursos vacíos y plagados de mentiras, todas las mañanas, durante seis años.
Ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum, la situación ha cambiado. La nueva mandataria ha sido puntual en señalar que pondrá orden y que habrá un cambio de estrategia. Lo he dicho antes, por lo pronto, parece ser que el actual gobierno federal tiene mayor interés en atacar este problema. Pero las palabras no bastan; México no puede darse el lujo de otro sexenio que termine en la misma indiferencia y complicidad.
El campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, es una herida profunda y permanente en la historia de nuestro país; es una prueba de que la impunidad ha sido regla de trato hacia los delincuentes. Hoy más que nunca, la sociedad exige justicia; las familias de los desaparecidos no quieren discursos ni promesas vacías, quieren respuestas, quieren a sus familiares de vuelta y quieren que los responsables reciban el castigo que merecen.
El tiempo de tolerancia ya terminó, y debió de haber terminado hace mucho tiempo. Es momento de recuperar nuestro Estado de derecho y enfrentar con mano dura y con toda la fuerza del Estado a la delincuencia organizada. Si el gobierno no combate la violencia, estará condenando a México a vivir bajo la soberanía de la delincuencia organizada, y eso es, simplemente, inaceptable.
