Era de esperarse que las órdenes ejecutivas de Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos, causaran gran cantidad de reacciones de los grupos que argumentan verse afectados por sus decisiones. Una de las órdenes de Trump más polémicas hasta este momento es la que cancela la nacionalidad estadounidense a los hijos de migrantes que nazcan en los Estados Unidos.
La promesa de campaña del presidente Trump se fundamenta en un presunto abuso por parte de migrantes indocumentados que buscan que sus hijos logren la ciudadanía estadounidense y los apoyos económicos que, por ley, las familias obtienen al educar a sus hijos en ese país.
En su momento, Trump como candidato consideró esta práctica como una ventaja inaceptable por parte de quienes buscan quedarse en el país de una u otra forma. La mano dura que Trump busca aplicar con esta orden ejecutiva ya causó las primeras reacciones y no precisamente de las comunidades latinas. Este martes 21 de enero, el fiscal de California, Rob Bonta, de origen filipino, integrante del partido demócrata, condenó la iniciativa del presidente Donald Trump, calificándola como una de las acciones más deshumanizadas que se han visto en los últimos 150 años.
Bonta, como representante de comunidades llegadas desde Asia, incluidas las chinas, calificó la orden presidencial que pone fin a la ciudadanía por nacimiento como deshonrosa. Bonta dijo que esta orden ejecutiva echa por tierra uno de los pilares fundacionales de los Estados Unidos, que es lograr la ciudadanía por el simple hecho de nacer en esa tierra al margen de la condición migratoria de los padres. En conferencia de prensa, el fiscal californiano calificó la segunda gestión de Donald Trump como verdaderamente aterradora si esta es la forma como inicia.
El fiscal Rob Bonta es el primer hombre del poder judicial de los Estados Unidos que se levanta y advierte al nuevo presidente en funciones que no va a permitir el quebrantamiento de la ley, de la constitución y de los derechos humanos de las personas que nacerán durante este año en los Estados Unidos.
Visiblemente molesto, anunció que acudirá a los tribunales para dar marcha atrás a una medida que se contrapone a la décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza la nacionalidad estadounidense por nacimiento, que corrigió los excesos de la guerra civil que resultó en la exclusión de los hijos de los esclavos de raza negra para obtener su ciudadanía. Hay que recordar que el estado de California es el bastión más demócrata del país; por lo tanto, el más tolerante, incluyente e inclinado a la llamada cultura “woke” que el mismo presidente Donald Trump prometió combatir.
Eso explica la beligerancia con la que el fiscal de California hizo los señalamientos de abusos y violación a los derechos humanos por parte del presidente Trump, a quien le advirtió que se verán las caras en los tribunales de Massachusetts.
Rob Bonta anunció que ha pedido a la corte una medida cautelar, lo que en México conocemos como una suspensión provisional, para que la medida de cancelar la nacionalidad por nacimiento no entre en vigor en tanto el asunto se resuelve por la vía legal. Acompañado por fiscales de 15 estados, Bonta se dijo apoyado y convencido de lograr que esta orden ejecutiva sea nulificada. Lo anunciado por el fiscal californiano es un claro ejemplo de lo que sucederá de aquí en adelante con las acciones y modificaciones que busca el presidente Donald Trump.
Si bien es cierto que llega con más poder electoral y con la mayoría en ambas cámaras, quedó demostrado que sus cuatro años de gobierno no serán un día de campo. Tendrá a casi la mitad del país en contra en algunas acciones que busque realizar en cumplimiento de sus promesas de campaña y que vayan en contra de las prácticas ideológicas con las que no comulga.
Hoy son los migrantes asiáticos los primeros que le dicen a Trump “así no, presidente”; mañana serán las comunidades latinas, otro día será la comunidad LGBT. En fin, es claro que los demócratas, desde sus diferentes formas de expresión, buscarán minar la fuerza política con la que goza hoy Donald Trump, con el objetivo de reducir sus posibilidades de mantener el control de ambas cámaras en las elecciones de 2026.
Si Trump se sobrepone a esas batallas políticas, cumple a cabalidad sus promesas de campaña y retiene el control del legislativo estadounidense, garantizaría que un republicano, ya sea Marco Rubio, secretario de Estado, o James David Vance, vicepresidente, se alce con el triunfo en 2028 hasta por dos periodos. Trump lo sabe y esa es la razón por la que se juega el todo por el todo.