No es extraño que, en años como el presente, donde se prevé una desaceleración económica aderezada con una proyección de mayor déficit y deuda pública, amén de grandes interrogantes y tensiones en el escenario global, nos preguntemos sobre las implicaciones en la calificación crediticia de México. Lo anterior sin olvidar que las elecciones presidenciales y legislativas se encuentran a la vuelta de la esquina. A continuación, presento tres factores a considerar, por los que creo que el riesgo de recorte en calificación soberana es remoto para el año que comienza.
En primera instancia, la resiliencia que hasta ahora ha mostrado la economía mexicana, parece sentar las bases para una desaceleración gradual y limita los riesgos recesivos. Más aún, buena parte de los pilares macrofinancieros que han coadyuvado a mantener la estabilidad macroeconómica de México durante las últimas dos décadas se han mantenido sin cambios. En este sentido, no se avizora el surgimiento de voces que busquen modificar o destruir dichos pilares.
En contraste, en su evaluación, las calificadoras no han sido ajenas a la expectativa de un mayor déficit y deuda pública. En específico, se ha señalado que mientras el primero podría ubicarse por arriba de la media de países con similar calificación crediticia, la segunda no se prevé que supere dicha referencia. Lo anterior no significa que no exista preocupación, un déficit del 5 por ciento del PIB y una deuda esperada de casi el 48 por ciento del PIB ya han levantado más de una ceja.
No obstante, me da la impresión de que la reacción de las agencias al esperado deterioro en el déficit público aguardará por las posibles señales de consolidación o reforma fiscal que el gobierno del partido o coalición ganadora en las elecciones dibuje este mismo año y ejecute a partir del 2025.
En tercer lugar, creo razonable que el mismo proceso electoral programado para este año es un factor relevante para las agencias calificadoras. No obstante, hasta ahora no parece anticiparse un proceso desordenado o manipulado que pudiera poner en duda la legitimidad del proceso. Quizás el verdadero riesgo podría ser postelectoral, en el caso de que la elección presidencial se decida por un margen muy pequeño.
Más allá de lo anterior, la composición de las cámaras legislativas será sin duda clave para el diseño del escenario mexicano durante los siguientes tres años. En específico, la mayoría constitucional en el caso de una victoria de Morena podría ser un factor decisivo y transformativo de ganar el mismo partido la elección presidencial. De otra manera, podría ser un factor de inmovilidad o limitante en la agenda de un gobierno de oposición sin mayoría en las cámaras. Quizás este factor será uno de los pocos que veremos definirse este mismo año tras las elecciones.
Queda la duda de la relevancia del proceso electoral en EU en el escenario de México. Lo que se puede suponer desde ahora es que un déjà vu de lo vivido en la relación México-EU entre los años 2017 y 2021 podría tener un potencial disruptivo en varios ángulos del escenario mexicano de mediano plazo.
Al menos de las tres reflexiones anteriores, concluyo que la potencial definición de un nuevo panorama crediticio para México puede ser mucho más clara en el mediano plazo que en el muy corto.