Hay tres siglas que pocos conocen en México, cuya trascendencia hoy solo es superada por la crisis de la guerra en la planeación de las finanzas de cada compañía.
En la Suprema Corte difícilmente fueron tratadas antes, pero indirectamente, esta institución decidirá sobre éstas.
Las tres letras en cuestión son ESG y tienen que ver con el impulso que dio la ONU desde la década pasada al cuidado de la sociedad y del medio ambiente como un asunto urgente. E, de environment o medio ambiente; S de sociedad y G de gobierno corporativo.
En Europa, continente con el mayor nivel educativo del planeta, inició consecuentemente una ola con la intención de poner orden.
Los negocios no pueden seguir como si no golpearan el ecosistema que están heredando los jóvenes, la generación recién llegada.
Empujado desde esa zona del mundo, Estados Unidos reaccionó y el mes pasado la Securities and Exchange Commission (SEC) –máxima autoridad regulatoria del sector financiero del país vecino– ya avisó a las empresas que cotizan en el mercado de valores que así como presentan sus cuentas económicas, van a tener que ordenar la presentación de sus emisiones contaminantes. Muchas de ellas tienen fábricas y proveedores en México.
Un artículo de opinión publicado en la reconocida revista Barron’s, resumió así la relevancia del acontecimiento de marzo, cuando la SEC presentó su “Propuesta para mejorar y estandarizar las divulgaciones relacionadas con el clima para los inversores”:
“Los eventos trascendentales a menudo conducen a una respuesta regulatoria gubernamental fundamental. Así fue con la Gran Depresión y ahora con la crisis climática”, destacó el texto publicado por Iex Friedman.
Las reglas propuestas por la SEC requerirían que las empresas “divulguen información sobre sus emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) y emisiones indirectas de electricidad comprada u otras formas de energía (Alcance 2). Además, se requeriría que la entidad registrada divulgue las emisiones de GEI de las actividades upstream y downstream en su cadena de valor (Alcance 3)”.
Lo anterior revela que para la SEC, las emisiones de quien vende electricidad a una empresa o a sus proveedores, son emisiones de la compañía misma.
¿Qué pasaría si la vendedora de electricidad la produce quemando gas, diésel o combustóleo? Que todo el carbono que deriva del proceso, se lo cargarán al cliente, a la empresa que compra la electricidad pagando su recibo, en el caso nacional, a la CFE.
Eso es lo que puede venir para empresas como Nissan, Ford o sus proveedores, al igual que el resto de las fábricas que reciben electricidad de la CFE.
Todo, a partir de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definirá su postura en torno a recientes cambios legislativos bautizados como ‘ley combustóleo’.
Independientemente de posturas ideológicas, en la práctica una decisión en favor de la constitucionalidad de esos ajustes, indirectamente ‘sellará' a los clientes de la CFE como contaminantes.
En el caso de las grandes empresas, esa circunstancia las acorrala: si trabajan en México, probablemente ahorren en mano de obra y transporte al enviar productos hacia el norte, pero serán consideradas más sucias.
Esa situación les podría significar el pago de impuestos, castigos y aranceles cuando sus productos entren a Europa y Estados Unidos. Si los números no salen, la lógica para algunos o muchos será analizar el cierre de plantas de manufactura.
Imaginen la relevancia del tema para quienes trabajan en fábricas de Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Baja California…
Los cambios en la SEC, derivados de la preocupación por la crisis climática, complicarán los negocios de las empresas que tengan altas emisiones y que ahora deben detallar con precisión.
“Es análogo en alcance a la introducción de GAAP, las reglas contables que han estandarizado la forma en que las empresas públicas compilan sus estados financieros”, detalla la opinión vertida en Barron’s sobre el cambio de reglas estadounidense a partir de la presión global sobre los criterios ESG.