La prevención de desastres naturales es un reto para la arquitectura y la ingeniería. Ambas disciplinas deben diseñar los desarrollos urbanos y proyectos de infraestructura con un enfoque de mayor resistencia a los embates de la naturaleza.
Por la falta de previsión, México erogó de 2010 a 2020, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cantidad de $262,720 millones de pesos, para resarcir daños por fenómenos naturales.
Por lo anterior, es impostergable revisar la política pública en materia de atención a desastres naturales para obtener mejores resultados del gasto realizado y aprovechar la desaparición del FONDEN para establecer una estructura operativa y técnica en la prevención de los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos.
Cada año las fuerzas armadas desarrollan actividades de rescate a través del Plan DN-3 y normalmente estos costos no se cuantifican, sólo se consideran los recursos del FONDEN.
Se aprecia como tema de oportunidad la cancelación del FONDEN, porque, seguramente, las Secretarías de Seguridad Ciudadana, Gobernación y Hacienda preparan un nuevo esquema enfocado en fortalecer las acciones de prevención.
Este enfoque evitará que diversos sectores de la población, que no pueden comprar una vivienda o un terreno en los centros urbanos, se asienten en las periferias, en laderas de cauces de ríos o lagunas, generando con su actividad zonas de alto riesgo.
Es responsabilidad de todos los órdenes de gobierno el aportar tierra para generar asentamientos urbanos controlados, con condiciones de seguridad y normas de protección civil establecidas, lo que evitará costos excesivos en atención de desastres que se pueden prevenir.
Importante también es sumar a los colegios de profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, con instituciones públicas, privadas y desarrolladores inmobiliarios, en la construcción de infraestructura urbana.
Cabe señalar la existencia de otro Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), del cual sólo se dedicaba el 5% al rubro de prevención, a diferencia de lo aplicado en la atención de desastres.
El gasto ha sido excesivo. En 2010, México erogó $53,628 mdp; en 2013, $52,785; en 2017, $6,364 y el estimado a septiembre del 2020 es de $22 mil millones.
Por su parte, la SEDATU, en su Informe de Labores 2019, reveló que el gasto realizado, tras los sismos de 2017 y 2018 -aplicando el Programa Nacional de Reconstrucción y diversos fondos, entre ellos el FONDEN-, fue de $265.16 mdp en daños al patrimonio cultural; $1,217.92 en educación; $341.34, en salud y $4,821.17 en vivienda, lo que asciende a $6,645.59 millones de pesos.
Con toda certeza, invertir en la prevención generará importantes ahorros para las finanzas públicas y particulares. También permitirá canalizar más recursos a las políticas sociales, a la generación de empleo y a las actividades productivas.