La rendición de cuentas es el acto administrativo por medio del cual los responsables de gestionar los recursos públicos informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de éstos; la cual se hace palpable cuando el propio Estado sanciona a los servidores públicos que transgreden sus deberes y actúan en contra de lo previsto por las leyes. De ahí, podemos afirmar que la transparencia y el derecho de acceso a la información pública se han convertido en pilares para la rendición de cuentas y el buen gobierno en nuestro país.
En México, antes de la incorporación del derecho de acceso a la información a nuestro régimen normativo, era prácticamente imposible obtener información pública; si acaso se pedía, los servidores públicos se rehusaban a entregarla sin explicación alguna, antes bien, se percibían como dueños de los expedientes, lejos estaba el acceso a éstos como un derecho humano.
Sin embargo, a partir de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 dio inicio una etapa trascendental en el desarrollo y consolidación del derecho de acceso a la información en nuestro país, concebido como el derecho humano de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Como se señaló en la exposición de motivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información del 4 de mayo de 2014, la intención de la reforma constitucional fue la de fortalecer las atribuciones del organismo federal garante del derecho de acceso a la información y protección a los datos personales en aras de generar un sistema de coordinación entre las entidades federativas y la Federación, para lograr los mismos estándares de transparencia y acceso a la información en el país que, progresivamente, alcancen los más altos niveles en los tres órdenes de gobierno.
Y es que, la importancia del Instituto Nacional del Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se percibe desde otra vertiente: el de órgano garante de la protección de datos personales que, a partir de la reforma de 2009, a los artículos 16 y 73 constitucionales, se reconoció como un derecho humano, al disponer que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Lo anterior cobra una especial relevancia si consideramos que los datos personales se encuentran en manos tanto de gobiernos como de particulares, y que su uso, en esta era digital en la que estamos viviendo, plagadas de nuevas tecnologías, es imprescindible.
El papel del INAI y de los organismos garantes de las entidades federativas se torna fundamental, no solo al atender denuncias por un tratamiento indebido, sino como autoridades expertas responsables de hacer del derecho a la protección de los datos personales un derecho de facto, plenamente reconocido y ejercido por las personas.
Ciertamente, hoy en día, los organismos garantes se han convertido en baluartes para académicos, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y para todo aquel que quiera saber sobre el ejercicio de los recursos públicos y el actuar de las autoridades, pero, además, responsable de garantizar la protección de los datos personales de los titulares, frente a los responsables de su tratamiento, llámese sector público o particulares.